por F. Díaz, A. Guerrero y J. Matus

vía Cuenta pública de fiscalía: Centro Norte advierte por casos de tortura | País | La Tercera Edición Impresa.

“Parte importante de los casos (de tortura) que actualmente se investigan han ocurrido en nuestra región y, pese a que no se trata de una situación generalizada, manifestamos nuestra seria preocupación”. De esta forma, el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, se refirió a la preocupación que existe en el Ministerio Público de la Región Metropolitana por estas indagaciones, y añadió que “no todos los medios son válidos para el esclarecimiento de los delitos”.

Montes pronunció estas palabras en el marco de la cuenta pública que ayer realizaron las cuatro fiscalías metropolitanas. Junto a él, también expusieron el fiscal regional Sur, Raúl Guzmán; la fiscal regional Occidente, Solange Huerta; y el fiscal regional Oriente, Alberto Ayala.

En el acto, que no contó con la asistencia de personeros de gobierno, los persecutores indicaron que recibieron más de medio millón de causas en 2013.

El fiscal Centro Norte señaló que no “es admisible que los exámenes periciales en casos de negligencias médicas demoren más de 18 meses”.

El persecutor Sur, Raúl Guzmán, destacó el avance que han desarrollado en la coordinación con las policías, organismos auxiliares y servicios públicos. “El éxito de la persecución penal, con crecientes estándares de calidad que den respecto al conflicto penal está vinculado al trabajo con Carabineros y PDI”.

El fiscal Oriente, Alberto Ayala, indicó que los fiscales dedicados a los delitos de alta complejidad “deben compatibilizar estas arduas investigaciones con la asignación de otras numerosas causas menos complejas (…). En la práctica, este escenario conspira contra un resultado más eficiente”.

La fiscal Occidente, Solange Huerta, dijo que en la actualidad deben hacerse cargo de la protección de un nuevo tipo de víctimas, como son los migrantes por los delitos de trata y tráfico del personas. Como ejemplo, señaló el caso de 12 indios que trabajaban en un restaurante, los cuales serían víctimas de explotación laboral. Para su resguardo, la fiscalía invirtió más de $ 31 millones.