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Durante esta semana el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Coordinación de Concesiones, podría cerrar el acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), para relicitar el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB).
Según cercanos a las negociaciones, la DGAC se habría allanado -luego de una serie de reuniones lideradas por el coordinador de Concesiones, Carlos Plass y donde también participó la Dirección de Presupuesto- a aceptar el modelo de negocios de la concesión que propone el MOP. De esta forma, la entidad entregaría el mandato para que se haga el llamado al concurso público.
Conocedores de las conversaciones aseguran que la DGAC terminó aceptando el modelo propuesto, con variaciones menores, a pesar de que esta formúla afectaría su principal fuente de ingresos.
El organismo tiene un presupuesto de gasto anual fijado por el Estado que ronda los US$ 250 millones. Estos recursos no son asignados directamente, sino que son autofinanciados por la institución a lo largo del año por conceptos de ingresos operacionales. Éstos son percibidos en un 93% por los ítems de derecho y tasas de embarque que paga cada pasajero.
En el nuevo modelo, replicando a los aeropuertos internacionales, el operador del terminal recolecta todos los ingresos, incluida la tasa de embarque. En este punto está en desacuerdo la DGAC, quien hasta ahora recolectaba dichos cobros.
El punto en disputa?
Según las nuevas bases de licitación, quien pida quedarse con el menor porcentaje de ingreso se adjudicará el terminal, traspasando el resto al Fisco. Esto, dicen cercanos al gobierno, fue un punto que no varió ni nunca estuvo en discusión en las conversaciones.
Respecto de lo recaudado con la tasa de embarque, esto no irá un 100% a la DGAC como es hoy, sino que pasará a manos del Estado, quien a través de la Dirección de Presupuestos le asignará los fondos, tal cual como ocurre con toda otra repartición pública, siendo ellos la única excepción actualmente.
Además, un porcentaje irá para financiar las obras de ampliación del aeropuerto, tal como ocurre con otros terminales del país. En el gobierno señalan que esto evitará que el Fisco deba entregar subsidios para el terminal.
Otro punto en el que no estuvo de acuerdo la DGAC es el plazo de concesión, de 20 años, pidiendo que sea menos. A eso se suma que no estaba de acuerdo con la cláusula incluida en las bases que permite gatillar obras nuevas en caso de mayor crecimiento del tráfico de pasajeros.
De hecho, el MOP estaba dispuesto a reducir el porcentaje que se destinaría al financiamiento de las obras e incluso eliminar el “gatillo” de las bases; sin embargo, ello no fue necesario, pues la DGAC finalmente habría aceptado la propuesta.
Con todo, con el acuerdo que se firmaría en los próximos días y el mandato entregándose por parte de la DGAC, Concesiones estaría lista para enviar las bases de licitación a la Contraloría, las que tardarían cerca de un mes en ser aprobadas por el organismo, calculan cercanos. Tras esto, vendría el llamado a licitación.
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