Miriam Leiva

vía EyN: Factura electrónica será obligatoria para todas las empresas desde 2017.

Amplia mayoría obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto que establece la obligatoriedad de emitir facturas, liquidaciones, notas de débito y crédito en formato electrónico, con lo que quedó en condiciones de convertirse en ley de la república.

La iniciativa no debe pasar por el Tribunal Constitucional, por lo que el Gobierno espera promulgarla y publicarla en los próximos diez días. El texto establece que las primeras empresas contarán con 9 meses para implementar la factura electrónica; es decir, en octubre deberían estar incorporándose a este sistema las grandes compañías. 

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, calificó la votación de la Cámara como “una extraordinaria noticia. Este es un proyecto que no solo ayuda a combatir la evasión, sino que además muestra una especial preocupación por las empresas de menor tamaño”.

El texto establece una gradualidad para que las empresas utilicen el formato electrónico que dispone el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Las compañías de menor tamaño, cuyos ingresos anuales no superen las 2.400 UF —unos $56 millones— tendrán un plazo de 18 meses si están domiciliadas en zonas urbanas; y 24 meses si están en zonas rurales. 

Para las microempresas, cuyos ingresos anuales no superen las 1.400 UF —unos $32,7 millones—, la ley regirá en 24 meses si están ubicadas en zonas urbanas, y 36 meses si figuran en localidades rurales. 

De esta forma, la iniciativa contempla que todos los proveedores de bienes y servicios deberán cambiar su actual facturación en papel por un documento electrónico de aquí a principios de 2017, cuya formalidad está en el portal del SII. Aquellos que cumplan con este requisito, tendrán derecho a un crédito tributario cuando se “realice el acuse de recibo”, el que podrán utilizar al momento de pagar el IVA.

Esta modificación es solo para factura, no para las boletas que otorgan los distintos establecimientos comerciales cuando venden un producto al público. El proyecto sí otorga el valor de boleta a los comprobantes entregados por transacciones electrónicas, como las compras a través de tarjeta de débito o crédito, eliminando la duplicidad de documentos.

“Las pymes tendrán una enorme ventaja, no tendrán que imprimir ni ir a timbrar las facturas. Estimaciones privadas señalan que la mayor eficiencia provocada por este sistema llegaría a los US$ 500 millones anuales”, estimó el ministro de Hacienda.

Pero no solo se generarán eficiencias a nivel privado, a partir de efectos como pueden ser una menor tala de árboles por un uso inferior de papel como materia prima, y por ende una menor cantidad de trámites físicos y archivos por parte de las empresas. La implementación de este sistema implicará una mayor recaudación fiscal. “Esperamos una menor evasión en el pago del IVA, equivalente a unos US$ 700 millones al año cuando esté en régimen (al tercer año)”, aclaró Larraín. 

Otros efectos de la ley

Además, el articulado contempla otros temas, como son: 
Concede un nuevo plazo para los convenios de pago de 36 meses con la Tesorería: 6 meses más desde la publicación de la ley. 

Creará una nueva dirección Regional Santiago Norte del SII que atenderá las comunas de Tiltil, Colina, Lampa, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta. 

Permitirá rebajar como “gasto necesario” los pagos efectuados por un proyecto de mitigación ambiental. 

Aumentará de 30 a un 35% los montos de los créditos por impuestos pagados en el extranjero cuando haya convenio de doble tributación, y a 32% si no hay convenio.