vía Salvemos el Jota Aguirre | Opinión | La Tercera Edición Impresa.

HACE MAS de 60 años, el Hospital José Joaquín Aguirre fue entregado por el Estado a la UCH con el propósito de asegurar la formación de los profesionales de la salud. Desde sus inicios, los recursos para atender pacientes del sistema público fueron insuficientes. Sin embargo, la política de autofinanciamiento terminó con ese precario equilibrio, pues se vio obligado a competir en desigualdad de condiciones con las clínicas privadas, con todas las trabas burocráticas del Estado. Sin embargo, la UCH honró el convenio que firmó. Su Facultad de Medicina forma al 50% de médicos especialistas del país y el Jota aporta aproximadamente con un 40% de dicho universo.

Hoy, el hospital arrastra una deuda que supera los $ 44 mil millones, por lo que la rectoría propuso efectuar un leaseback y endeudarse a 15 o 20 años con la banca, dejando en prenda el terreno del hospital. Esto permitiría pagar las deudas y disponer de $ 10 mil millones para invertir en equipamiento e infraestructura y lograr la acreditación que vence en julio de 2014. El Consejo Universitario aprobó por unanimidad la medida. Voté a favor, pues se planteó como la única solución para enfrentar la crisis; a pesar de ello, dejé constancia de que no me parecía una medida adecuada. Creo que el leaseback no resuelve el problema de fondo y tampoco la crisis estructural del financiamiento. Lo más probable es que esta solución financiera lleve al Jota a su privatización y a la pérdida de un valioso patrimonio público, pues el hospital tiene un déficit financiero estructural.

Estamos por iniciar un nuevo ciclo político, en el cual la educación y salud pública tendrán protagonismo. En ese contexto, debemos plantear un nuevo proyecto de desarrollo para el hospital, que la rectoría no ha diseñado, pese a que el establecimiento está a su cargo desde 1987. El Jota debe retornar a la red pública, manteniendo su condición de hospital autónomo del Estado y establecimiento clínico universitario. Es por ello que impulsé su participación en la red pública, logrando en 2013 el apoyo transversal de los parlamentarios e incluyendo en la Ley de Presupuesto 2014 una indicación que permite a los servicios de salud efectuar convenios directos con el HCUCH. Así, dimos el primer paso para que se reconociera su carácter público autónomo.

Hay que trabajar con las nuevas autoridades gubernamentales y plantear una nueva alianza con el Estado. Juntos debemos decidir si el Jota va a contribuir a atender la colapsada área norte, si se va a transformar en un hospital de alta complejidad, o ambos. Lo que está claro es que debe seguir siendo un establecimiento docente asistencial que forme a los profesionales de la salud y especialistas que Chile necesita. El hospital debe crecer y modernizarse. Tiene capacidad para ello: tuvo alrededor de 800 camas y hoy está reducido a la mitad. En un país en el que faltan más de 10 mil camas hospitalarias, eso debe cambiar. Necesita, además, un nuevo gobierno corporativo, con un directorio con facultades para decidir las principales políticas, que incorpore tanto a la UCH como al Minsal, y que a través de la Alta Dirección Pública busque a quien deba conducir con eficiencia la gestión. La Facultad de Medicina pidió al Senado UCH posponer la votación sobre el leaseback para buscar soluciones con el próximo gobierno. En el intertanto, haremos escuchar nuestras voces: ¡Salvemos el Jota para la UCH y todos los chilenos!