Nuevas tomas en carreteras | Opinión | La Tercera Edición Impresa.

NO RESULTA aceptable que la práctica de tomarse carreteras como forma de visibilizar una demanda ciudadana empiece a convertirse en una cuestión recurrente cada vez que hay días festivos, ocasión que es aprovechada dado el previsible trastorno que se provocará ante el fuerte flujo vehicular. En el fin de semana que acaba de pasar hubo incidentes de este tipo, lo que hace necesario un actuar enérgico de las autoridades y los tribunales para que este tipo de conductas se prevengan a tiempo o, en caso de ocurrir, sean sancionadas.

Tanto las autoridades y las concesionarias como los propios automovilistas -quienes han puesto de su parte difiriendo los horarios en que salen o retornan- han colaborado para poner en marcha planes de contingencia, los que han probado ser efectivos para agilizar el flujo vehicular o minimizar los efectos de una congestión inevitable en algunos casos. Sin embargo, las manifestaciones de protesta en las carreteras resultan un factor inesperado y fuera de la legalidad que desvirtúa cualquier planificación. Actos de este tipo, además de ser riesgosos para quienes los llevan a cabo, perjudican injustamente a quienes transitan por ahí, y crean incertidumbre.

Es importante distinguir el legítimo derecho que tiene la ciudadanía a manifestarse con respeto y apego a la ley y la existencia de actos de fuerza ilegales y abusivos. La falta de sanciones adecuadas en este tipo de casos ha llevado a que quienes promueven este tipo de acciones no encuentren mayores dificultades para llevarlas a cabo. Ello hace que las interrupciones y bloqueos de caminos comiencen a ser aceptados como una forma de protesta legítima, lo cual supone una grave renuncia a canalizar los petitorios a través de los canales institucionales. Las autoridades locales y regionales también deben estar más atentas para procesar y resolver los reclamos ciudadanos, pues en algunos casos los reclamos son atendibles, si bien la forma de manifestarlos resulta condenable.