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Este diario advirtió editorialmente ya en 2010 y 2012 sobre el peligro para terceros y la obvia ilegalidad de las carreras clandestinas en ciertas autopistas concesionadas de la capital, principalmente en la zona de Lo Curro, como es de común conocimiento de usuarios, vecinos, policías, fiscales, jueces, concesionarios, legisladores y autoridades municipales y de gobierno. Por lo general, hacia la medianoche, en tramos en que la velocidad máxima permitida es de 100 km/h, propietarios de costosos automóviles compiten en carreras en que sobrepasan los 200 km/h. Tal espectáculo atrae a curiosos e incluso a apostadores. Similares carreras se organizan también en otras zonas capitalinas, como las rectas pavimentadas de Lo Espejo, Quilicura y San Bernardo.

Carabineros afirma que fiscaliza intensamente y cursa partes por diversas infracciones a la Ley de Tránsito, pero no dispone de vehículos apropiados para perseguir a los hechores. Personeros de la autopista carecen de facultades para impedir estos hechos y afirman haber desarrollado gestiones para evitarlos, en coordinación con instancias municipales y policiales, sin resultados, aunque sí se habría logrado identificar a las “comunidades” que se asocian para este efecto. Se afirma también que no habría norma legal que tipifique penalmente estos actos. En 2010, diputados UDI y DC presentaron una moción para salvar este posible vacío legal por la vía de calificar como asociación ilícita el concertarse para tales carreras. Dados ciertos reparos jurídicos a esa fórmula, parecería más simple una reforma a la Ley de Tránsito. En todo caso, poco o nada se ha avanzado, y los reclamos se acrecientan, por el “daño acústico” (escapes libres y otros) y la “indolencia ante la inseguridad”.

Ahora el ministro de Transportes ha anunciado que está en su etapa final el estudio de un proyecto de ley para instalar un sistema de fotorradares que permita identificar y sancionar a quienes participen en estas carreras, y cabe presumir que colegisladores y magistrados determinarán si efectivamente existe un vacío legal tal que ningún órgano estatal pueda hoy actuar frente a una anomalía semejante, que se prolonga ya por años. Entretanto, otros conductores parecen apoyarse en la actual impunidad y, sin necesariamente asociarse para carreras, infringir también la normativa sobre velocidad máxima: por ejemplo, datos de la autopista Costanera Norte, entre agosto de 2012 y agosto de 2013, registran casos en que automovilistas han alcanzado hasta 209 km/h. Como se ha observado antes, en ningún país avanzado se toleraría esto como una práctica más allá del alcance de la ley.