Suplemento Revista del Campo.

PALOMA DÍAZ ABÁSOLO

Expansión Andina 244, el proyecto que busca ampliar la División Andina de Codelco, a cuatro mil metros de altura, a unos 45 kilómetros de Santiago, en el límite entre las regiones Metropolitana y de Valparaíso, es una iniciativa de números grandes. Con US$ 6.800 millones, es la mayor inversión minera que se está evaluando en Chile actualmente y es la cifra más alta en la historia de la empresa estatal para un solo proyecto, el único -de los cinco que tiene definidos como estructurales en su plan de inversiones- que si se concreta permitirá ampliar la producción de cobre de la compañía, ya que los demás la mantendrían en el nivel actual.

 

El número que lleva en su nombre revela el objetivo central: elevar la producción del yacimiento desde las actuales 92 mil toneladas diarias a 244 mil. Con eso, la compañía estatal podrá incrementar la producción de cobre fino desde 250 mil a 600 mil toneladas al año. Con eso, también, a través de operaciones a rajo abierto y subterráneas, podrá extender su vida útil en 65 años. La construcción de Andina 244 -que la empresa espera comenzar en 2014- generará 18 mil empleos en seis años y aportará en sus primeros 15 años de funcionamiento unos US$ 10 mil millones al Estado, el triple de lo que ha implicado la reconstrucción de las viviendas dañadas por el terremoto del 27-F, según destaca la minera.

Las obras de expansión pasan por 13 comunas, de cordillera a mar: Los Andes, San Esteban, Calle Larga, Lo Barnechea, Colina, Tiltil, Llayllay, Hijuelas, La Calera, La Cruz, Quillota, Puchuncaví y Quintero. El recorrido es similar al que sigue el río Aconcagua, que tiene como uno de sus principales afluentes al río Blanco, que nace a los pies de la mina.

Ahí es donde nace también un motivo de insomnio de los agricultores del valle, que en los últimos años ha enfrentado serios problemas hídricos.

Temen que la ampliación de la mina, que afectará directamente a seis glaciares, los deje sin agua. Temen que el proyecto se apruebe sin tomar los resguardos necesarios para asegurar la calidad de las aguas de la cuenca.

Temen que la necesidad de la empresa por ampliar la producción de cobre, que es “el sueldo de Chile”, ponga en jaque al desarrollo de la agricultura en la zona.

El impacto en el agua

El Aconcagua es uno de los valles clave y más tradicionales de la producción agrícola nacional. Con un volumen de 326.834 toneladas de exportaciones de fruta en la última temporada, por sí solo representa la séptima parte de los envíos nacionales del sector, de acuerdo con datos de Asoex. Y no solo eso, ya que en alimentos procesados sus exportaciones son siete veces mayores en volumen que las del resto de Chile.

En los últimos años, el valle ha estado afectado por la sequía. Tanto que, ante la falta de agua, en 2012 la Dirección General de Aguas (DGA) decretó como zona de agotamiento a la primera sección del río, la más cercana a la cordillera… Y a Andina.

En abril de este año, como parte del proceso de participación ciudadana que se abrió luego de que Codelco presentara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Expansión Andina 244 en enero -por segunda vez, ya que ingresó un primer estudio en septiembre de 2011 y lo retiró dos meses después- fue justamente la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Aconcagua la que actuó como la voz del agro al contratar a la Consultora Ecológica del Norte (Econorte) para analizar el estudio. El resultado fue un documento con 163 observaciones, todas enfocadas en el agua, al que apoyan las agrupaciones de agricultores de distintas zonas del valle.

Los planteamientos del texto forman parte de las más de dos mil observaciones de distinto tipo que le hicieron organismos públicos, privados y ciudadanos a la iniciativa de Codelco entre febrero y abril de este año. Las del aspecto hídrico van por dos carriles paralelos: la cantidad y la calidad, tanto en las aguas superficiales como en las subterráneas. Abarcan desde temas fundamentales, como el no reconocer impactos significativos hacia los recursos hídricos -lo que hace que no sea necesario para la empresa proponer medidas de mitigación o de compensación en ese ámbito- hasta puntos más técnicos, como pedir que Codelco incorpore estaciones meteorológicas para medir precipitaciones a mayor altura geográfica, sobre los cuatro mil metros, donde hoy no existen.

El primer aspecto es el que concita más críticas. Los agricultores no entienden cómo un proyecto que va a intervenir seis glaciares de roca, que según expertos actúan como reserva de agua para los años en que no hay precipitaciones -de los cuales cinco se verán afectados en forma parcial por la ampliación del rajo de la mina y uno será cubierto por un botadero de material estéril-, no considera el aspecto hídrico como significativo.

“Nos parece ridículo (que no lo hagan)”, asegura Luis Macchiavello, presidente de la Asociación de Agricultores de Quillota y Marga Marga (la sección más cercana al mar), refiriéndose a que no se le asigne una alta importancia al tema del agua. También critica que Codelco no tenga en su estudio de impacto ambiental una modelación sobre cómo se va a relacionar la nueva oferta y demanda del recurso hídrico a lo largo de todo el valle, sino solo para la zona declarada por ellos como de influencia, la más cercana al proyecto.

“La intervención de los glaciares y de cientos de hectáreas en la extracción del mineral, sumado al efecto que tendrá en los glaciares que rodean al proyecto, justo donde nace el río Blanco, afectará considerablemente al caudal del Aconcagua, especialmente en verano, cuando requerimos más agua”, reclama.

A eso se suma el presidente de la asociación de agricultores de Los Andes, Rodrigo Echeverría. “Nos parece que se ha ocultado la realidad del efecto (de intervenir glaciares)”, dice, y agrega que para la gente de la zona, el EIA que presentó Codelco resulta poco creíble, porque no se suman los efectos de la mina que ya se está explotando al que tendrá la ampliación. “Para nosotros el que se toquen glaciares es algo muy peligroso y el impacto se está cuantificando de una manera irrisoria”, precisa.

Cuestionan metodología

La minera tenía plazo hasta septiembre para responder a las observaciones ciudadanas, pero a mediados de agosto pidió extender el plazo hasta el 27 de diciembre, argumentando que necesita más tiempo para aplicar nuevas metodologías y profundizar en medidas de mitigación y compensaciones.

Respecto de los cuestionamientos de los agricultores por la magnitud del impacto hídrico, el gerente de sustentabilidad del proyecto Expansión Andina 244, Juan Carlos Jofré, explica que la metodología con la cual se hizo el estudio -a cargo de Gestión Ambiental Consultores (GAC), empresa que dirige Ricardo Katz- arrojó que no era significativo el tema del agua.

“Se evaluó el impacto. Se identificó que era negativo, pero que no era significativo, porque lo que estamos extrayendo es de un acuífero subterráneo, que está desconectado de la cuenca del Aconcagua”, señala Jofré.

En cuanto a la zona de influencia que definieron para evaluar los efectos de la ampliación de la mina, el gerente de sustentabilidad dice que tuvieron que acotarla a ciertas zonas, porque no es responsabilidad de Codelco abarcar todo el valle. “Podríamos hacerlo a nivel planetario… Hacer ese análisis hacia abajo creo que es una responsabilidad que debería tener el gobierno regional, así pasa en otras cuencas, y eso se llama manejo de cuencas. Ahí Codelco podría participar como uno más”, indica.

La mayor duda de los agricultores y opositores, que les genera cierta desconfianza, es la forma en que se hizo la medición.

Para la bióloga Michaela Heisig, una de las profesionales a cargo de las observaciones que hizo la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Aconcagua, hay un problema con la legislación ambiental: permite que las propias mineras contraten a las consultoras que hacen sus estudios de impacto ambiental.

En otros países existe un conjunto de consultoras certificadas por el Estado que actúan independientes y que se asignan en forma aleatoria.

En Chile, el sistema establece que los ciudadanos tienen 60 días para hacer observaciones, lo que, según Heisig, para casos como éste no permite hacer mediciones técnicas más completas. “Muchas veces los servicios estatales tampoco toman en cuenta las observaciones ciudadanas, aunque sean hechas por profesionales experimentados. No las toman con el mismo peso que lo que presentan las grandes empresas”, dice.

El programa Chile Sustentable también hizo comentarios a la metodología del EIA de Andina 244. Uno de ellos indica que esta es “inadecuada” para ponderar el nivel de los impactos. “La metodología (…) utiliza una fórmula basada en una serie de parámetros discrecionales. Es engorrosa y tiende a subestimar los impactos ambientales”, precisa el texto.

La directora de ese programa, Sara Larraín, va un paso más allá y plantea que esa minimización de los impactos sería intencional. “Codelco tiene las capacidades técnicas y contrató a un equipo de glaciólogos experimentados. (…) Aquí se trabajó con gente que está preparada y, por lo tanto, hay una intención de mostrar menores impactos. Yo no creo que haya una desprolijidad, sino que una metodología que está orientada a mostrar un impacto minimizado del proyecto”, comenta la ex candidata presidencial.

En tanto, el abogado Jorge García, jefe del área legal de la Consultora en Recursos Naturales Greenland Chile -que asesora a algunos grupos de agricultores del Aconcagua en este proyecto-, asegura que no reconocer el impacto significativo en el recurso hídrico es bastante usual en este sector. “Al reconocerse como significativo, las medidas (compensaciones) que se pueden establecer se pueden escapar de las manos de la minera y encarecer mucho el proyecto”, dice.

Cuántos litros compensar

El único impacto hídrico que se reconoce como significativo en el estudio de Codelco es por la intervención de los seis glaciares, los que, se estima, dejarán de aportar 1,3 litros por segundo a la hoya hidrográfica del río Blanco. Ante eso la empresa propone como compensación entregar 2,6 litros por segundo a la cuenca entre octubre y marzo, la época de mayor demanda, los que se obtendrán desde pozos sobre los cuales Andina tiene derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.

Se les cuestiona por qué no hacerlo en forma permanente.

“Dijimos que es porque ahí se usa más el agua, pero las empresas sanitarias nos dijeron que no, que ellos la usan todo el año, por lo que tenemos que entregarles agua todo el año”, comenta Juan Carlos Jofré, para mostrar que los agricultores no son los únicos interesados.

El tema no es solo el período de compensación, sino también los volúmenes. La consultora Econorte calculó una cantidad distinta de agua que debería ser compensada. Sobre la base de los datos que presentó Codelco en el EIA, estimaron una afectación de 28 litros por segundo en el caudal. A ello sumaron un impacto negativo que ya se habría producido en el río Blanco en los años que lleva operando la División Andina, por lo que proyecta que la minera debería compensar no con 2,6 litros, sino que con unos 100,5 litros por segundo.

Ante una diferencia así, el abogado Jorge García, de Greenland, plantea que “si los dos cálculos son legítimos, pero con metodologías distintas, no cabe más que concluir que no se está prediciendo bien el impacto, por lo que podríamos hablar de deficiencias estructurales del proyecto en cuanto al recurso hídrico”.

A dónde van las aguas no tratadas

Otro de los cuestionamientos a la compensación de ese impacto es el entregar aguas subterráneas “en reemplazo” de aguas que hoy vienen de glaciares, porque el estudio no considera medir la calidad de esas aguas de pozo.

La calidad de las aguas es tan relevante como la cantidad.

En el caso de la expansión de Andina se contempla que, tras la extracción del mineral, los restos que no se utilizan se depositen en los botaderos de lastre (ver infografía) donde, al caer nieve, se generan “aguas de contacto”, que tienen componentes minerales y, por lo tanto, deben recibir un tratamiento para limpiarlas.

El gerente de sustentabilidad de Expansión Andina 244 explica que eso ya se hace, que la ampliación prevé aumentar la capacidad del volumen de agua a tratar, y que esas aguas se van a volver a utilizar en el proceso minero, para lograr una mayor eficiencia en el uso del recurso, desmintiendo el temor de los agricultores de que el aumento de la producción de cobre al triple implique elevar el uso de agua en esa magnitud.

Aunque se valora la medida de Codelco, cuestionan que la capacidad de tratamiento de esas aguas -que llegará a los 1.500 litros por segundo cuando esté concluida la ampliación del proyecto- sea la adecuada y lo que ocurrirá cuando las aguas a tratar sobrepasen esa capacidad, especialmente porque el estudio de impacto ambiental considera que si hay excedentes de agua que superen la capacidad de la planta (hablan de una probabilidad de excedencia de 10%), la que no alcance a ser tratada se descargará al río Blanco.

“Ahí hay que destacar que el río va a tener mucha agua, por lo tanto, va a haber una dilución natural (…). Si hay mucha agua es porque en toda la cuenca la hay, por lo que la dilución que va a haber en el primer usuario va a ser bastante mayor”, explica Jofré, y recalca que el compromiso de la empresa es mantener la calidad actual de las aguas del río.

Sin embargo, Michaela Heisig sostiene que la existencia de un mayor caudal no representa una solución para las aguas de contacto, y asegura que una medida de ese tipo “puede pronosticar un panorama bastante oscuro para el río Blanco”.

El origen del problema estaría en la legislación, ya que las aguas de contacto fueron excluidas de la categoría de Residuos Industriales Líquidos (Riles) hace cuatro año.

“Ya no hay una norma que las regule, están en ascuas. Hay ciertos parámetros, pero no una fuerza legal que obligue a las empresas a cumplir con ciertos estándares”, comenta el abogado Jorge García. En el caso concreto de la expansión de Andina, plantea que “no puede ser parte de un estudio de impacto ambiental serio el que una parte del proyecto diga que en un caso determinado van a lanzar las aguas al río”.

Además, asegura que esto ya se hace y que en algunas épocas del año, especialmente en invierno, “el olor es, claramente, de agua contaminada”, por lo que la consultora de la que forma parte está trabajando en iniciar una demanda por daño ambiental contra Codelco.

Esperar las respuestas

Después de presentar las observaciones realizadas por la consultora Econorte, la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Aconcagua no ha querido referirse al tema. Su presidente, Francisco Perinetti, dice que no lo harán hasta conocer las respuestas de Codelco en diciembre.

Luis Macchiavello, en representación de los agricultores de Quillota y Marga Marga, es enfático en señalar que lo que ellos quieren, tal como están las cosas, no son medidas de compensación, sino que el proyecto no prospere. Sin embargo, se abre a la posibilidad de que, si el EIA considera los impactos que ya se han provocado en el valle del Aconcagua con la actual División Andina, podrían dialogar. “En ese escenario, creemos imprescindible que se nos compense con recursos hídricos, que son vitales para nuestra actividad”, dice.

Rodrigo Echeverría, el presidente de los agricultores de Los Andes, se muestra más abierto a encontrar una solución, pero recalca que lo que no quieren es que la actividad agrícola termine subsidiando a la producción de cobre. “Nosotros queremos que este proyecto se centre en una producción que no le haga daño a las demás actividades, no solo a la agricultura, sino que al resto de la gente que vive en el valle y que toma esa agua”, explica.

Jorge García, como representante de la consultora que asesora a agricultores, cree que la mayor dificultad en llegar a un acuerdo con la empresa minera está en que no existe un lenguaje que una las distintas posiciones. El abogado plantea que los agricultores “no pueden sentarse a negociar con la empresa si no se les reconoce como un legítimo afectado respecto del recurso hídrico”.

Ahora, si en la respuesta de la empresa se le asignara mayor importancia al tema hídrico, y se mejoran las condiciones en medio ambiente, los agricultores buscarían que entre las compensaciones se considere un embalse que asegure la disponibilidad de agua o un fondo de protección ambiental.

Sin embargo, Juan Carlos Jofré plantea que medidas como construir un embalse son temas del Estado y no de este proyecto en particular. De todas formas, valora que se esté generando un debate en relación al agua, porque reconoce que sí es un problema que afecta al valle.

“Quizás nos tocó a nosotros dar esta discusión por poner al proyecto en el sistema, porque a los de la tercera sección (del río) no les llega ni una gota de agua ahora, pero eso no es por nosotros”, precisa.

Por eso mismo, asegura que la compañía está dispuesta a conformar mesas de trabajo para analizar el manejo de las cuencas, para que todos los actores involucrados participen. Sin embargo, no está de acuerdo con que Codelco sea responsable de los problemas de escasez que enfrenta el Aconcagua: “A lo mejor Codelco va a tener que apalancar esto, pero lo complicado es que nos empiecen a cuestionar a nosotros desde ya y que al proyecto le endosen las soluciones de todo”.

La comparación con Pascua Lama

Como la expansión de Andina contempla la intervención de cinco glaciares (Cerro Negro 2, Cerro Negro 3, Río Blanco 2, Río Blanco 7 y Monolito) que en total suman 37 hectáreas, más uno que quedará cubierto por el botadero de materiales estériles, las comparaciones con Pascua Lama, la iniciativa de Barrick Gold en la Región de Atacama -que también considera la intervención de glaciares y que está detenida por incumplir con exigencias de su Resolución de Calificación Ambiental- no se han hecho esperar.

Sin embargo, el abogado Jorge García plantea que son distintos, porque Barrick es una iniciativa nueva, mientras que la de Codelco ya lleva 30 años en funcionamiento, por lo que “ya hay impactos y daños producidos en la zona”.

También asegura que hay una gran diferencia en la legislación. En el caso de Pascua Lama ésta tenía deficiencias, dice, mientras que la evaluación que se está haciendo ahora al proyecto de la empresa estatal es mucho más exigente y la obliga a ser cuidadosa con las compensaciones que ofrezca.

Respecto de los glaciares en sí -que en Chile no tienen una ley de protección, como se creó en Argentina a raíz de Pascua Lama- Codelco lamenta que, por ejemplo, en la televisión se usen imágenes de la Laguna San Rafael para explicar el impacto que tendrán los que van a intervenir, que son de roca y no blancos, porque no abastecen de agua a la cuenca en forma directa, con deshielos, sino que actúan como reserva del recurso para períodos con menos precipitaciones.

Juan Carlos Jofré reconoce que los glaciares son un tema sensible para todos y recalca que, en ese sentido, Codelco ha sido transparente en entregar la información. “Nosotros hemos dicho que los glaciares que han sido intervenidos, los contamos, no decimos que nunca los hemos tocado”, afirma.

Es enfático al decir que no quieren ni compararse ni hacer un paralelo entre la expansión de Andina y Pascua Lama, y agrega que no se van a centrar en defender ese tema, aunque han llevado a un glaciólogo a las reuniones con las comunidades para explicar más detalles de este aspecto.Las distintas visiones sobre el proyecto”En el estudio de impacto ambiental no podemos hacernos cargo de toda la cuenca. Tenemos que cerrar nuestra área de influencia, porque tenemos que definirla en el estudio. Nuestra zona de influencia está cerrada en la zona de río Blanco y tenemos que evaluar el impacto de las operaciones y de las actividades que están circunscritas a zonas”.

JUAN CARLOS JOFRÉ,

GERENTE DE SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO EXPANSIÓN ANDINA 244

“Este proyecto profundizará la grave situación de escasez hídrica que estamos viviendo hace cinco años en la provincia. Como está el proyecto hoy, no pretendemos ninguna compensación, si no que no prospere. No estamos en contra del desarrollo minero, pero no podemos aceptar que se realice a costa de nuestra actividad”.

LUIS MACCHIAVELLO,

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE QUILLOTA Y MARGA MARGA

“Nos interesa de sobre manera que se resuelva, no queremos crearle problemas a nadie. Queremos que nuestra gestión se haga presente, que escuchen nuestra preocupación y qué nos gustaría que se hiciera. Nos preocupa cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a salir en este estudio. No queremos subsidiar la producción de cobre”.

RODRIGO ECHEVERRÍA,

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LOS ANDES

“La pregunta es, si el EIA era tan incompleto, ¿por qué no lo rechazaron? (…) Lo mejor que podría hacer la empresa es retirarlo de la evaluación, pensarlo bien y ver si es necesario de hacer. Entonces, presentar un buen estudio y medidas para que se minimicen los impactos, porque como está presentado lo único que va a hacer es generar oposición”.

FLAVIA LIBERONA,

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN TERRAM

PALOMA DÍAZ ABÁSOLO.