El Gobierno prepara un programa que desde 2013 permitiría que empresas privadas asuman el mantenimiento de las calles: firmas especializadas, en un régimen de concesiones, supervisarían y realizarían los arreglos necesarios de grietas y hoyos. Es una fórmula razonable, ya que en el modelo de administración actual se da una batalla de responsabilidades cruzadas entre la cartera de Vivienda, los municipios y los gobiernos regionales, y el presupuesto para cada arreglo debe aprobarse uno a uno, lo que demora su ejecución.

Pero existen algunos riesgos, para evitar los cuales habrán de acelerarse los perfeccionamientos en curso en materia de concesiones. Entre otros, se requiere inyectar renovado impulso a la aprobación de proyectos, y contrarrestar cierta siembra de duda sistemática sobre la actuación de los privados, que a la postre puede redundar en desaceleración de uno de los sectores más dinámicos del país a fines de los años 90. Por eso, la actual administración ha hecho un esfuerzo por reimpulsar las concesiones: se introdujeron reformas a la ley respectiva en 2010, y a mediados de ese año se presentó la cartera de proyectos 2010-2014, que requiere inversiones por ocho mil millones de dólares, a los que a fines de 2011 se sumaron otros tres mil 700 millones para nuevos proyectos.

Se reconoce hoy un mayor ímpetu, pero ha de considerarse que el ritmo actual de desarrollo exige cada vez más. Hasta abril, el MOP había adjudicado y llamado a licitación de proyectos por sólo mil 800 millones, esto es, 22,5% de la cartera original de inversiones a 2014. Para este año debían licitarse proyectos por tres mil 500 millones, según el MOP, pero hasta el momento los llamados suman 778 millones. Tres de los cuatro hospitales que debían licitarse este año aún aparecen como “potenciales licitaciones”, dado que recién hace un par de semanas se publicó el llamado para que las empresas presenten los anteproyectos. También la autopista Vespucio Oriente continúa en estado “potencial”.

Quizás la licitación de obras más pequeñas, como el mantenimiento de calles, sea más fácil. Habrá que analizar ciertos reclamos del gremio que agrupa a las concesionarias, relativos a cuello de botella en la aprobación de proyectos. Son, quizá, los dolores del crecimiento, pero es de presumir que eventuales problemas de gestión son corregibles en plazos breves. Según cálculos de la Cámara Chilena de la Construcción, basados en cifras del Gobierno, para alcanzar la meta de ser un país desarrollado -que requiere un PIB de 360 mil millones-, se precisa un aumento de inversión en infraestructura pública de 65 mil millones a 2016.

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