En la opinión mayoritaria, redactada por el magistrado presidente John Roberts, la mayoría cualificada conservadora explicó que el Congreso no tiene autoridad para aprobar leyes penales que regulen facultades que la Constitución otorga de manera exclusiva a los presidentes. En los casos en los que la autoridad de estos dos poderes se superpone, los presidentes pueden gozar o no de inmunidad dependiendo de si la aplicación del derecho penal a esos hechos concretos supondría una intromisión peligrosa en las…
