El ataque con una granada a una funcionaria de Carabineros atizó la preocupación de la oposición por la crisis de seguridad que afecta al país. Con el pasar de las horas se conoció que un ciudadano venezolano con una orden de expulsión pendiente habría perpetuado el ataque, lo que elevó la inquietud por legislar en materia de expulsiones de extranjeros irregulares.
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