Se trata de documentos obligatorios pare recibir su remuneración de 5,9 millones de pesos mensuales y que describen tareas a grandes rasgos del sociólogo, pero que no aportan detalles de cada una de éstas. Todo, en medio de la polémica desatada luego de que adujera que técnicamente no es funcionario público para restarse en dos oportunidades de la comisión investigadora del caso Convenios.
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