Luego de que saliera a la luz el traspaso de recursos desde la seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, una oleada de cuestionamientos se estrelló en La Moneda y se puso en tela de juicio la probidad y transparencia de los convenios que mantienen las instituciones estatales con distintas organizaciones privadas.
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