La Contraloría General de la República (CGR) sorprendió hace unos días al dictar una nueva jurisprudencia administrativa, que estableció que el principio de confianza legítima -de continuidad en el cargo- de los trabajadores a contrata del sector público ya no será una materia de revisión del ente fiscalizador, sino que quedará en manos de los tribunales de justicia. Esto puso en el debate la regulación y el estado actual que ostentan los funcionarios a contrata dentro de la administración pública.
Ver el original de la noticia:
‘ Funcionarios públicos a contrata aumentan en un 90% en la última década y superan el límite legal establecido
