La FNE presentó un requerimiento en contra de CCU por el incumplimiento de un acuerdo que había alcanzado con la autoridad antimonopolios en 2008 en el mercado cervecero. En abril de 2019, la Fiscalía recibió una denuncia en contra de la compañía controlada por la familia Luksic y Heineken por establecer prácticas de exclusorias. Igualmente en febrero de 2022, la Fiscalía recepcionó una nueva denuncia. A raíz del presunto incumplimiento, la entidad persecutoria solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) multar a la requerida con 6.700 UTA ($5.081 millones). Por medio de una declaración por escrito, la compañía desestimó las acusaciones.
