La Corte Suprema notificó por escrito al Campamento Centenario de San Antonio -que alberga más de 5 mil familias- del inminente desalojo del asentamiento precario, ratificando la acción que dictaminó la Corte de Apelaciones hace más de 6 meses. Desde el Congreso, llaman al Estado a buscar el equilibrio entre satisfacer el derecho a propiedad de los dueños y el derecho a vivienda de los habitantes de la toma.
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