La herramienta, que se aplica por primera vez desde que el proyecto entró en junio al Congreso, da 30 días a la Cámara para despacharlo al Senado. Ante la eventual falta de apoyo, la ministra Antonia Orellana subrayó la importancia de debatir, pues «nunca han estado los votos ex-ante» para este tipo de iniciativas.
