La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado un proyecto que obliga a los abogados defensores de imputados por delitos de drogas, terrorismo, corrupción o asociación delictiva a recibir sus honorarios mediante métodos rastreables. La iniciativa, aprobada por unanimidad, establece el uso de cheques, transferencias electrónicas u otros medios para garantizar el origen lícito de los fondos.
