Esta semana comenzaron las conversaciones entre los gremios privados y el gobierno para la elaboración de los reglamentos de la nueva ley de seguridad privada, que La Moneda quiere tener implementada en tres meses más. Privados consideran que ese plazo es demasiado reducido, que habrá que asumir costos importantes y existen dudas sobre si se podrá contar o no con personal suficiente para cumplir con todas las nuevas labores. La industria ya consolida un negocio de más de US$ 2 mil millones de facturación.
