Distintas instancias empresariales afirmaron que la fórmula del gobierno cumple con los objetivos de moderar las alzas que se gatillarían sin modificar el esquema para financiar el pago de la deuda contraída con las generadoras, que ya supera los US$6.000 millones. Además, calificaron como una mala idea la iniciativa que impulsa un grupo transversal de legisladores, ya que los contratos adjudicados con mayores precios empezarán a vencer a partir de este año.
