La iniciativa busca, según el Ejecutivo, una distribución más equitativa de los recursos marinos. Dice que las cuotas de capturas hoy favorecen fuertemente a la pesca industrial, especialmente en el Norte Grande. Allí, la empresa más favorecida ha sido Corpesca, la controvertida firma del grupo Angelini que estuvo envuelta en casos de corrupción durante la aprobación de la norma que rige actualmente, la llamada Ley Longueira. Otros afectados serían Blumar y Camanchaca.
