La ley protege la vida de quien está por nacer; reclusión domiciliaria para enfermos terminales; libertad de elección en salud; derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos; exención del pago de contribuciones e impuesto territorial para la vivienda principal; los partidos políticos deberán adoptar mecanismos de dirección y supervisión para prevenir infracciones a la probidad y transparencia; y hasta la reducción de parlamentarios por distrito.