Las mujeres privadas de libertad en cárceles públicas se enfrentan a precarias condiciones que ponen en peligro su salud ginecobstétrica. Esta investigación muestra que más de la mitad de la población penal femenina no se realizó su examen PAP en 2020, que hay centros en que tres de cada cuatro mujeres no han podido acceder a controles ginecológicos y que son 11 matronas las que trabajan en los distintos centros a lo largo del país, es decir una profesional por cada 380 internas. La jefa del Departamento de Salud de Gendarmería, Beatriz De Gregorio afirmó que en la institución: “No hay recursos suficientes para contratar personal”.
