Se trata de un recurso de protección presentado por la Asociación del Comercio Minorista de Castro en contra del municipio, acusando falta de fiscalización hacia los vendedores ambulantes. En un principio, esta acción judicial fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Sin embargo, este trámite escaló hasta el Tribunal Superior de Justicia, donde finalmente fue acogido.
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