La finalidad de la reunión fue dar a conocer la disconformidad existente respecto al Proyecto de Ley sobre jornada escolar completa, discutido actualmente en el Congreso, el cual propone quitar a las Corporaciones de Educación la posibilidad de administrar sus recursos educacionales en forma más descentralizada.

Muy preocupados y molestos llegaron hasta el “Hotel Fundador”, el Presidente de la Asociación Gremial de Corporaciones Municipales y Alcalde de Colina, Mario Olavarría; conjuntamente con el Presidente Nacional de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE),  Padre Héctor Vargas Bastidas y el Presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares A.G (CONACEP), Walter Oliva, para dar a conocer a  la opinión pública lo que está sucediendo actualmente con el Proyecto de Ley de Jornada Completa.

Los conferencistas denunciaron públicamente que de ser aprobadas las nuevas indicaciones de origen parlamentario, se atentará contra el  actual sistema educativo poniendo en riesgo así, gran parte de los establecimientos particulares subvencionados del país. Los tres expositores,  también dejaron en claro que, desde el punto de vista legal, con estas nuevas modificaciones se perjudica a los tres principios básicos resguardados en la Constitución Política los cuales son: el de subsidiaridad del Estado, la libertada de enseñanza y la igualdad ante la ley. Se aclara también que en el ámbito de gestión no favorece en absoluto al desarrollo de la gestión educacional.

A continuación detallamos textualmente las principales modificaciones expuestas, sus alcances legales y de gestión que a la CONACEP A.G., FIDE y la Asociación Gremial de Corporaciones Municipales le parecen más graves y desean enfatizar.  

I Modificaciones propuestas a la LOCE, que establecen nuevas condiciones para recibir la subvención Escolar:

— Cuotas mínimas de alumnos vulnerables por colegio: Los colegios deberán tener un mínimo de 15% de alumnos vulnerables para recibir la Subvención Escolar. Se desconoce la atribución de los padres para escoger el colegio de sus hijos, siendo claramente afectados los sectores más humilde de la población y la clase media del país.

— Prohibición de seleccionar alumnos: Sólo se podrá establecer un sistema de selección de alumnos cuando exista más demanda que oferta de matrículas en un colegio. El proyecto educativo de cada establecimiento pierde sentido, ya que no será este el determinante para la selección de los alumnos.

— Eliminación de las facultades de las Corporaciones Educacionales: Las municipalidades deberán administrar la subvención y cualquier otro recurso público, quitándole a las Corporaciones de Educación la  posibilidad de administrar de manera descentralizada los recursos educacionales. Esto significa en la práctica, la desaparición de las Corporaciones Municipales de Educación, situación que va en la dirección contraria a promover la descentralización y la buena gestión en el sistema educacional.

— Restricciones a cobros morosos: Esta medida pone en riesgo la estabilidad económica de todo el sistema educacional particular, ya que los colegios no podrán asegurar los flujos económicos para sostener ell servicio educacional que prestan. Este proyecto establece que no se podrán negar la renovación de una matrícula por el no pago de las mensualidades.

II Cambios a la Ley Jornada Escolar Completa (JEC)

— Discriminación en la entrega de recursos al sector particular subvencionado: Mientras se mantienen los aportes de capital para implementar la JEC en todos los colegios municipalizados (sean ricos o pobres), este proyecto sólo los destina a los particulares subvencionados en tanto sean considerados vulnerables. Deja sin recursos para implementar la Jornada Escolar Completa a los colegios que no clasifiquen con el criterio de vulnerabilidad.

Esto es claramente antojadizo, ya que focaliza los recursos por dependencia y por colegio, discriminando abiertamente a todos los niños y niñas que asisten a los colegios municipalizados. Hasta ahora el criterio de distribución ha sido las personas y su grado de pobreza y necesidad. Ahora para ciertos colegios el criterio para distribuir los recursos será por establecimientos y según pautas discriminatorias.

— Imposibilidad de expulsión por no pago: puede ser muy loable preocuparse por los alumnos cuyas familias tienen problemas económicos. Sin embargo, también hay que resolver el impacto que esta medida tendrá en todos los colegios particulares subvencionados y en aquellos municipalizados con financiamiento compartido. También en los colegios particulares pagados. No corresponde dejar a estos colegios desprotegidos frente a moras ya que dependen de esos recursos para poder cumplir con su misión.

III Cambios al Estatuto Docente.

— Define por ley las funciones del Director: el proyecto cae en un exceso de detalle y rigidez al describir las actividades que éste puede realizar, en vez de otorgar mayor autonomía a su labor, permitiendo que su gestión se adapte según cada realidad.

IV Nuevos Componentes.

— Obligación de crear Consejos Escolares: El proyecto impone por ley una nueva estructura a cada colegio con subvención del Estado.

Se atenta contra la libertad de gestión del establecimiento, ya que esta estructura no toma en cuenta el proyecto de cada Unidad Educativa.

— Acreditación de Directores: Para la acreditación de Directores de establecimientos educacionales municipales, el proyecto establece el requisito de que ellos sean acreditados mediante un proceso que será estructurado, organizado y operado por el Ministerio.

El centralismo de esta medida disminuye la autonomía de cada establecimiento educacional y las atribuciones de los Directores, para elaborar su estrategia educativa a partir de la experiencia en cada colegio y según el impacto que tenga su gestión en el desempeño escolar. La ley no es el instrumento para definir la calidad del sistema. Menos lo son modificaciones que introducen una rigidez al sistema que se traducirán en una mala gestión escolar. El Estatuto Docente ya lo demostró y quisiéramos advertir sobre los riesgos de repetir los mismos errores con este proyecto.

 Así finalizó la carta firmada por Walter Oliva, Presidente  CONACEP A.G.; Padre Héctor Vargas, Presidente FIDE y Mario Olavarría, Alcalde de Colina y Presidente de la Asociación de  Corporaciones Municipales.