Hace
unos días se publicó un artículo de opinión
del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción sobre
el futuro crecimiento de Santiago, en el cual expresa con gran claridad
su conformidad con la política que estamos impulsando. En efecto,
estamos empeñados en evitar la discrecionalidad
que puede significar una planificación en la cual se "zonifique" en
forma muy rígida lo que debe hacerse en cada lugar del territorio.
Pretendemos
acercarnos más bien a un concepto más
moderno de lo que es la planificación por condiciones - lo más
objetivas posibles- para desarrollar proyectos. Entre ellas, está la
de absorber todos los costos directos e indirectos de las externalidades
que generen, tales como obras de equipamiento, conexión vial,
manejo de aguas lluvias y, naturalmente, las obras necesarias para dotar
de agua potable y tratamiento de residuos domiciliarios.
El
presidente de la Cámara Chilena de la Construcción
hace un muy buen análisis al referirse a la importancia de las
ciudades y la necesidad de su expansión, que deriva tanto del
crecimiento de la población como
del incremento de los ingresos, que hace que las personas aspiren a espacios
cada vez más amplios.
El
artículo en comento plantea también algunas
ideas para perfeccionar esta política. Propone que las normas
permitan el desarrollo de proyectos de menos de 300 ha.
En
efecto, esa dimensión no es una verdad absoluta, sino que surgió de
la modificación que se hizo en 1997 al Plan Regulador Metropolitano
de Santiago para incorporar la provincia de Chacabuco. En ese momento se
estimó que,
más que desarrollos inmobiliarios, lo que se deseaba eran asentamientos
con carácter urbano; esto es, nuevas ciudades que generaran una
capacidad económica suficiente para sustentar un equipamiento que
las hiciera lo menos dependientes posibles de la gran ciudad. Lo que hemos
hecho ahora es formular una norma que no discrimine a quienes han hecho
el esfuerzo de consolidar proyectos de esa magnitud en la provincia de
Chacabuco.
Concordamos
también en que la metodología para
calcular los costos que deberá financiar el desarrollador debe
ser lo más objetiva y
precisa posible.
Hemos
elaborado un proyecto de ley que contempla ambas cosas: criterios objetivos
y una facultad para que los gobiernos de cada región puedan
definir los tamaños más adecuados para estos desarrollos.
Dicho proyecto no ha ingresado aún al Parlamento y, si bien hemos
contado con el aporte del sector privado durante su preparación,
invitamos a la Cámara
Chilena de la Construcción para hacer llegar sus ideas a la discusión
que se generará en el Congreso Nacional, una vez que el proyecto
sea ingresado a trámite legislativo.
JAIME RAVINET DE LA FUENTE
Ministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales
