Frente al apoyo externo que recibieron los reos en el motín de la cárcel de Colina II, el alcalde Mario Olavarría señaló que la gente implicada en este hecho, corresponde a personas que se tomaron 17 mediaguas que el municipio había instalado momentáneamente durante el traslado del campamento Comaico.

Sin embargo, explicó que pese a los esfuerzos municipales por lograr el desalojo de estos pobladores, la medida quedó en manos de otras autoridades, entidades que debían gestionar la autorización de la salida con la fuerza pública, disposición que no se concretó.

Cabe destacar que en mayo de 2001, fueron trasladadas 170 familias pertenecientes al entonces Campamento Comaico, y 150 familias de La Ribera de acuerdo al “Programa de Erradicación de 900 Campamentos de la Región Metropolitana” a cargo de Chile Barrio y donde la Municipalidad de Colina participó activamente en el proceso de construcción de viviendas para este sector poblacional como también de su traslado, obteniendo buenos resultados.

Al respecto, el edil sostiene que, en la actualidad, la población erradicada y a la cual se le otorgó viviendas, han logrado consolidar un barrio y no estarían implicados en este hecho delictual.

Por el momento, la máxima autoridad comunal hace un llamado al gobierno para que resuelva a la brevedad el conflicto del asentamiento ilegal. Además, pide a la autoridad central que apoye a la comuna en materia judicial, ya que el sistema está colapsado. Junto con solicitar una medida legal que prohíba el crecimiento del número de reos en la comuna.