Agradezco
la invitación de la Gobernadora de la Provincia de Chacabuco,
señora Loreto Amunátegui para participar en este Seminario.
En él se nos da la oportunidad de conocer cómo las soluciones
finales para un buen desarrollo urbano nacen del consenso entre el sector
público, representado por los Ministerios de Vivienda, Obras
Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y por el sector privado.
En este caso, representado por 7 empresas inmobiliarias, con quienes
ya hemos firmado convenios de aporte a la infraestructura.
Estamos
sentando un precedente histórico en la forma de abordar el desarrollo
urbano, tanto desde el punto de vista metodológico como de la
gestión público – privada. En la perspectiva de la
ciudad que queremos, hemos desarrollado un trabajo en conjunto que nos
permite hoy contar con una propuesta integral de desarrollo.
Por una
parte, mediante una innovativa metodología, esta propuesta aborda
la identificación y cuantificación de las mitigaciones
que requiere la operación del sistema de transporte en la Provincia
de Chacabuco. Por otra parte, la propuesta contiene los mecanismos de
aporte que permiten concretar dichas mitigaciones. La propuesta concluye
en una cartera de proyectos viales que totaliza una inversión
de casi 106 millones de dólares.
No cabe
duda que este desafío se puede plantear sobre la base de un gran
avance en materia de infraestructura interurbana. Este avance se funda
en el éxito alcanzado en las concesiones viales, portuarias y
aeroportuarias, y en el incremento de proyectos ejecutados con fondos
públicos. En suma, la inversión en infraestructura durante
la reciente década ascendió a cerca de 8.700 millones
de dólares. Todo esto nos permite transitar desde la lograda
transformación de la infraestructura hacia una segunda etapa,
correspondiente al mejoramiento general de la calidad de los servicios
y sistemas de nuestras ciudades.
En esta
etapa, deben ser consideradas las tendencias actuales del desarrollo
urbano, las que podemos condensar en tres aspectos:
En primer
lugar, la apertura de nuestro país a nuevos mercados internacionales,
como la Unión Europea, traerá como resultado un aumento
en la demanda de localización de empresas internacionales y de
nuevos centros productivos. En este ámbito, la competitividad
del país para atraer nuevas inversiones, estará directamente
relacionada con la calidad del espacio urbano y su potencial conectividad
con las zonas de desarrollo productivo.
En segundo
lugar, la tendencia incremental a la concentración de la población
en nuestras ciudades. Esto nos permite suponer que al año 2010
las tasas actuales de urbanización de casi un 87% (Censo 2002)
seguirán aumentando, especialmente en las grandes aglomeraciones
urbanas, como el Gran Santiago.
En tercer
lugar, tanto desde el mercado inmobiliario como desde el sector público,
se prevé la consolidación del modelo de crecimiento expansivo.
Bajo este modelo, los sectores rurales aparecen como superficies de
reserva para la expansión urbana. Sólo en el caso del
Gran Chacabuco, esto significa la incorporación de más
de 12 mil hectáreas de suelo urbano (Incluye Areas de Desarrollo
Prioritario (AUDP), Zonas de Desarrollo Condicionado (ZDUC) y Suelo
Industrial).
En la generalidad
de las ciudades de Chile se repite este fenómeno de crecimiento
en expansión, principalmente a través de desarrollos inmobiliarios
privados y proyectos de viviendas sociales en torno a los centros históricos
urbanos.
Debemos
cambiar los criterios del pasado para abordar los problemas de la expansión
urbana. Esto se constata en la visualización de las tendencias
de desarrollo urbano y, además, en el necesario replanteamiento
de los instrumentos de planificación, en relación a la
flexibilidad de sus políticas de acuerdo a la dinámica
de mercado. De este modo, será posible anticipar las nuevas demandas
de nuestras ciudades, generadas por los proyectos programados. Para
el logro de este objetivo, se requieren nuevos mecanismos que permitan
compartir los costos de la nueva infraestructura con el sector privado.
Los nuevos
mecanismos deberán estar dirigidos a fomentar las condiciones
de competencia en el mercado del suelo, internalizando los costos asociados
a la decisión de localización de las personas. Así,
evitaremos que se repitan procesos expansivos no regulados que sólo
han servido para deteriorar la calidad de vida de los habitantes de
estos sectores.
En el ejemplo,
referido a la comparación entre Puente Alto y Santiago Centro,
se evidencia que los costos de localización en la periferia son
más altos que en el centro de la ciudad.
No cabe
duda que esta situación también es de interés privado,
toda vez que aquellos proyectos periféricos con mala accesibilidad
no podrán comercializarse con éxito en un mercado inmobiliario
cada vez más dinámico y competitivo.
En este
contexto, es clave una adecuada planificación de la red de infraestructura
de transportes y aguas lluvia, de modo de optimizar la integración
segura entre las áreas de expansión urbana y los centros
de comercio y servicio.
Al respecto,
debemos considerar que la Región Metropolitana concentrará
los mayores crecimientos económicos y sociodemográficos
de los próximos años, consolidando una alta tasa de urbanización.
Sólo en el caso de la provincia de Chacabuco se estima la superación
de los 100 mil hogares.
Hoy hemos
desarrollado proyectos con fondos públicos y privados, dirigidos
al mejoramiento y construcción de accesos y pasadas por ciudades.
En el caso del Gran Santiago, se destacan los Programas de Concesiones
Urbanas. El Primer Programa en curso, comprendido por el Sistema Oriente
- Poniente, el Sistema Norte – Sur y la Circunvalación Américo
Vespucio, totaliza una inversión de 1.300 millones de dólares.
En el Programa
de Concesiones 2002 – 2003 se contempla, además, la licitación
de los proyectos Acceso Nor-Oriente y el Tramo Avenida El Salto –
Avenida Kennedy, lo que ayudará a la integración del área
norte del Gran Santiago.
Hemos avanzado
en el desarrollo de instrumentos de planificación que nos permiten
cuantificar en forma consistente y coordinada nuestras inversiones.
En este campo se encuentra el Plan de Transporte Urbano para el Gran
Santiago.
En materia
de gestión, el Plan contiene la próxima licitación
de transporte público en el año 2003. Esto permitirá
que la competencia entre empresas participantes se dé en la propia
licitación y no posteriormente en las calles. Adicionalmente,
el Plan considera la ampliación de red de metro por un monto
cercano a los 1.400 millones de dólares y la implementación
de vías segregadas, además de iniciativas de transporte
público a ser licitadas bajo el sistema de concesiones a privados.
Entre estas
iniciativas, en el corto plazo pretendemos concesionar el ferrocarril
suburbano Santiago – Melipilla– Batuco, integrando así
a la provincia de Chacabuco. Además, se suma la construcción
de un tren ligero en los ejes Independencia - Recoleta y 2 grupos de
proyectos de estaciones de intercambio modal. Estos proyectos suman
una inversión cercana a los 591 millones dólares.
Complementariamente
al crecimiento de las ciudades, enfrentamos otro tipo de problemas que
tienden a agudizarse en períodos invernales. Me refiero a las
inundaciones y avalanchas, asociadas a lluvias de cierta intensidad.
Lo que
nos proponemos en este tema es que las acciones no vengan condicionadas
por las emergencias climáticas, sino por una adecuada planificación
de los proyectos. Esto implica el establecimiento de acciones coordinadas
para el diseño y posterior construcción de obras en cauces
de ríos, vías aluvionales y colectores de aguas lluvias,
de modo de evitar o disminuir los daños tanto a la población
como al sector productivo.
Como acciones
relevantes, el MOP se encuentra finalizando los Planes Maestros de Aguas
Lluvia para todas las ciudades con población superior a 50.000
habitantes, además de avanzar en la construcción de colectores
urbanos.
Lo anterior
nos impone un gran desafío en materia de financiamiento, para
lo cual será imprescindible consolidar nuevos instrumentos que
permitan canalizar el aporte del sector privado, integrando visiones
de rentabilidad social y privada.
En síntesis,
es necesario replantear algunos de los instrumentos de planificación
y de diseño urbano vigentes en nuestro país, de manera
de crear un modelo de gestión del territorio. Esto nos permitirá
contar con nuevas formulas de participación y financiamiento
de proyectos públicos. Un ejemplo en este sentido ha sido dado
por el aporte del sector inmobiliario a la infraestructura de transporte
del Gran Chacabuco. Esperamos que este proceso se siga consolidando
en el tiempo a partir de algunos ajustes de los actuales instrumentos
normativos.
Por último,
quiero enfatizar que el tipo de desarrollo urbano que esperamos se consolide
en la provincia de Chacabuco aporte a una nueva visión respecto
al rol que asumirá el Estado. Respecto a lo concerniente a inversión
y gestión de la infraestructura pública, nos interesa
que el sector privado conozca las reglas del juego, de modo de posibilitar
decisiones con mayor transparencia y con riesgos controlados. Simultáneamente,
este tipo de desarrollo urbano debe dar respuesta a los principales
desafíos que nos demanda nuestra ciudad, como la congestión,
la inseguridad, la segregación espacial y los problemas ambientales.
La gestión
del espacio público, en cuanto a los incentivos de localización
de ciertas actividades debiera ser uno de los proyectos de gestión
de más alta rentabilidad en la ciudad. Ello no sólo con
el objeto de favorecer la movilidad de las personas, sino que además
para contribuir a la integración del territorio y a la equidad
social.
De esta
forma las políticas públicas podrán ser sustentables
en el tiempo, al incorporar en su real magnitud las nuevas demandas
propias de un país que entra al desarrollo en el horizonte del
Bicentenario.
MUCHAS
GRACIAS
