De los 201 exuniformados detenidos por delitos de lesa humanidad, 80 son mayores de 75 años. De ellos, 43 tienen ”enfermedades graves”, pero al tener más de una condena no alcanzan el beneficio: haber cumplido la mitad de la pena.

Fuente: Abogado de Punta Peuco y ley humanitaria: ”No va a ayudar prácticamente a nadie”

El abogado Maximiliano Murath, quien representa aproximadamente a una docena de internos que se encuentran privados de libertad en Punta Peuco y en el pabellón de derechos humanos de la cárcel de Colina, considera insuficiente el requisito de la propuesta del ministro de Justicia, Hernán Larraín, de enviar una ley humanitaria que abarque a mayores de 75 años con enfermedades de riesgo pero que hayan cumplido la mitad de la condena.

En medio de la polémica por la tramitación de indulto conmutativo para internos entre 55 y 75 años que se encuentran en el grupo de riesgo de contagios de Covid-19, el Gobierno anunció la tarde del 2 de abril un veto aditivo para reponer los dos artículos que fueron rechazados el martes 1 en la Cámara de Diputados. Junto con eso, Larraín dio otra señal: reactivar el proyecto de ley humanitaria ingresado a fines de 2018 en el Congreso.

La iniciativa abre la puerta a que condenados por delitos de lesa humanidad también pueden tener beneficios, justamente el grupo que dejó fuera el proyecto de indulto conmutativo y que provocó la molestia de varios parlamentarios de Chile Vamos.

La ley contempla modificaciones al Código Procesal Penal y al Código de Procedimiento Penal “para incorporar una normativa aplicable a tres casos específicos en los que se puede encontrar una persona condenada privada de libertad: haber sido diagnosticada con una enfermedad en fase terminal; tener, por cualquier causa, un menoscabo físico grave e irrecuperable que provoque una dependencia severa; o tener 75 años o más y haber cumplido a lo menos la mitad de la condena impuesta”.

Al respecto, el ministro Larraín explicó que la ley “ayuda también a ir despejando inquietudes respecto de personas que están en una situación gravísima y que podrían no estar incorporadas en esta ley de indulto”, y que “en esta circunstancia no se excluye las personas por haber cometido un delito determinado. De manera que nadie queda en principio excluido de este beneficio, si acaso cumple con estos requisitos que lo verificará el juez en su oportunidad”.

Pero Murath, quien además representa a los parlamentarios de Chile Vamos que recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) por las diferencias que tienen con parte del proyecto de indulto conmutativo, con esta ley humanitaria “prácticamente ningún exuniformado se verá beneficiado”.

En entrevista con PAUTA, Murath explicó que uno de los problemas es que la mayoría de los exuniformados ha sido sentenciada a dos o más condenas, mientras que otros a penas perpetuas, por lo que es imposible -dijo- que logren cumplir el requisito de la mitad de la pena. “Además, hay personas mayores de 75 años con enfermedades gravísimas y personas de hasta 80 años que entraron hace muy poco al penal a cumplir penas de más de 10 años o más y no tienen cómo”.

Para ejemplificar, señala que “una persona que tenga dos condenas de 10 años y un día, son 20 años. Y si alguien entró a cumplir hace dos años, es imposible que tenga la mitad de su condena. Y nadie va a durar 110 o 120 años vivo”.

“El escenario es insuficiente. La ley humanitaria va por un buen camino en el sentido de entender el que todas las personas, incluso las condenadas por ser delitos lesa humanidad, tienen derecho a que se reconozca su integridad física, su salud, y que se evite el riesgo de que se mueran. Eso es una buena señal, pero no es suficiente. Porque, en la práctica, no va a ayudar a prácticamente nadie”, puntualizó.

Nacional

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Cumpliendo penas de delitos de lesa humanidad -internos a los que el proyecto de indulto conmutativo dejó fuera-, hay 128 exuniformados en Punta Peuco y 73 en el pabellón especial de derechos humanos de Colina.

De los 201 exmilitares privados de libertad, Murath dijo que 80 son mayores de 75 años, y que de ellos, 43 padecen “enfermedades gravísimas”.

“De todos ellos, la información que tengo es que hay 43 que son mayores de 75 años con accidentes cerebrovasculares y sus respectivas secuelas, gente que se dializa varias veces a la semana y otras personas con cáncer en estado de avance muy complejo”, señaló el abogado. “Ese es el número de personas que está crítica y se pueden morir en cualquier momento”, agregó.