Fuente: Editorial de El Mercurio

Los alcaldes de cinco comunas del nororiente de la capital, pertenecientes a corrientes políticas diferentes, han coincidido transversalmente en la urgencia de enfrentar la angustiosa inseguridad pública que está sufriendo la población (más de 640 mil habitantes en total). Realidad que cobra formas aun peores en muchas comunas con menores ingresos.

Los casos conocidos -muchos no llegan a serlo, porque no pocos ciudadanos, perdida ya la confianza en el sistema, rehúsan gastar tiempo en denunciar- se suceden día a día, como amarga rutina. Recientemente en Vitacura, violación a una ciudadana argentina y violento asalto a un abogado al salir de un restaurante. En Lo Barnechea, asalto a una universitaria de 18 años en el Puente Nuevo para quitarle una bicicleta, pero la seguridad municipal no hizo nada por ayudarla (poco podía hacer). En Las Condes, violento asalto a la familia de un empresario en su casa (algo cotidiano). En La Reina, espectacular asalto a un banco, en el que actuaron con excelente programación unas 14 o 15 personas, obteniendo un botín de 500 millones de pesos.

Sin facultades jurídicas en seguridad pública, los alcaldes -que intentan numerosas iniciativas defensivas- esgrimen cifras desmoralizadoras. Más del 50% de los chilenos ha sido asaltado. El 93% de los delitos de robo a las casas de Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura es archivado. Hay 66 mil órdenes de detención pendientes. Seguramente estas cifras requieren ajustes técnicos, pero no es fácil conseguirlas, ni aun invocando la Ley de Transparencia. Por ejemplo, se desconoce información oficial sobre la dotación policial efectiva, a nivel nacional y local. ¿Cómo podrían los anunciados Consejos Comunales de Seguridad actuar con eficacia, sin disponer de esos antecedentes?

Se sabe que, a nivel nacional, el 80% de los delitos contra la propiedad (que, a su vez, representan el 80% de los delitos de mayor connotación social) es archivado, sin respuesta penal. Se ha duplicado el gasto en seguridad pública durante los gobiernos anterior y actual, alcanzando aproximadamente a 6% del Presupuesto Nacional, esto es, unos 2 billones de pesos, de los cuales 43% va a Carabineros, 12% a la PDI y 7% al Ministerio Público. Por tanto, no parece un problema de recursos exiguos, sino de gestión.

Los requerimientos que formulan los alcaldes al Gobierno son, en general, coincidentes. El alcalde de La Reina lo resume diciendo “Falta inteligencia” (en prevención y respuesta antidelictivas). Conciben la seguridad ciudadana como un derecho humano esencial y demandan coordinación de los órganos competentes. Salvo excepciones, no postulan crear policías comunales, pero sí la focalización policial en la delincuencia, en vez de dispersarse en tareas como el control del tránsito y muchas otras.

El subsecretario de Prevención del Delito, a quien diversos especialistas le reconocen ánimo de enfrentar este problema, pide no politizar este tema, pues “todos están preocupados, desde la UDI hasta el PC”. Desgraciadamente, sus respuestas al clamor de los alcaldes no contienen propuestas determinadas y con plazos específicos de implementación para superar la situación imperante. El actual gobierno, como cualquier otro, necesita impostergablemente probar capacidad de respuesta eficaz. Si no la prueba, probablemente habrá de asumir las consecuencias electorales típicas en toda la experiencia comparada. Pero, entretanto, la solidaria rabia colectiva de la población victimizada puede desembocar -y ya se han visto casos- crecientemente en justicia por mano propia, lo que choca con la idea de un Estado de Derecho que funcione bien.

Los requerimientos que en materia de seguridad ciudadana formulan al Gobierno los alcaldes de cualquier signo político son, en general, coincidentes e incluyen la focalización policial en la delincuencia.