Franciso Javier Uriarte, el juez de policía local de Lampa, desde hace 27 años, acusa una propuesta "arreglada" para contratar el sistema de fotorradar, que puede reportar ingresos millonarios a las comunas.

La Guerra por los Fotorradares. Las Acusaciones del Juez de Lampa

Manejos turbios, coimas, tribunal paralelo. El juez de policía local acusa y el alcalde DC se defiende.


Pilar Molina A.

Por PILAR MOLINA A.

LAMPA está convertido en un campo de batalla. Los concejales están peleados entre sí; el juez de policía local, Franciso Javier Uriarte, se enfrenta con el alcalde DC, Carlos Escobar. Telón de fondo: el manejo municipal del negocio de los fotorradares (FR) en la comuna.

Uriarte lleva 27 años como juez de policía local de esta comuna al norte de Santiago y las mejores calificaciones (6,99) avalan los gruesos disparos que lanza en una carta del 25 de abril, donde le denuncia los hechos al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jaime Rodríguez: "Seis meses de mi ausencia bastaron para que el personal fuera coimeado por la empresa Satco y con la venia del sr. magistrado subrogante y, conforme me señalan los mismos funcionarios, con la venia del sr. Alcalde".

Los hechos están siendo investigados por el ministro visitador que corresponde a este juzgado, Lamberto Cisternas, que ya se constituyó en el lugar y cuyo informe al pleno esperan las partes con ansias para inculpar o exculpar.

Para Héctor Precht, de la Agrupación de Automovilistas de Chile, la gravedad de la denuncia de lo ocurrido en Lampa es que es "muy probablemente extrapolable a otras comunas que tienen FR". De hecho, el juez Uriarte solicita a la Corte investigar la forma en que opera el sistema en otros municipios. Y Precht recuerda que los 64 kilómetros - de FR y reducciones de velocidad de la Panamericana- que cruzan Quilicura, Lampa y Tiltil son denominados, en la jerga automovilística, "el corredor de la muerte".
Durante la subrogación

Vamos al comienzo. Una severa intervención, a raíz de un tumor canceroso, mantuvo al juez mes y medio inconsiente y seis meses fuera del cargo hasta octubre de 2000. Al poco tiempo de su ausencia y estando él subrogado por René Escudero, el municipio firmó contrato con la empresa Satco por el servicio de FR. Hasta mayo, la empresa sacó 16 mil partes en Lampa, los cuales fueron amnistiados por la ley 19.676, promulgada el 29 de mayo del año pasado, que reguló el funcionamiento de los equipos de control de velocidad, luego de que los mismos parlamentarios denunciaran que el sistema se estaba convirtiendo en un "cazabobos" para abultar las arcas municipales.

Satco S.A. continuó operando en Lampa y citó a 600 infractores a una misma audiencia en octubre último, cuando Uriarte había reasumido sus funciones. El magistrado se dio cuenta de que la totalidad de esos partes había sido notificada fuera del plazo máximo de 45 días estipulado por la nueva ley. Eran nulos.

Y en la misma carta al tribunal de alzada, Uriarte señala que también en octubre la administradora municipal, Consuelo Escudero - hija del juez subrogante y también jueza subrogante- , lo invitó a una reunión con Satco para explicarle cómo funcionaba el sistema y que a él le resultó inaceptable "que el procesamiento de los denuncios (que hacía la empresa) pasara por una oficina municipal que filtraba los mismos". Es decir, se rescataban los de los amigos y no eran enviados al juzgado.

A raíz de estos problemas, Satco dejó de operar en Lampa.

Pero llegó marzo y con abril, las denuncias que el juez leyó por escrito al Concejo Municipal que se celebró el 18 de este último mes y que fue ampliando en sucesivas cartas al mismo Concejo y al presidente del tribunal de alzada de Santiago.

En síntesis, que había una propuesta conversada con Satco, previo a la licitación pública de FR, que había funcionado un "tribunal paralelo" , que el personal del juzgado había sido coi-meado mientras estuvo él con licencia.

¿Propuesta camuflada?

Lo que se desprende de las cartas del juez son sus temores acerca de que funcionarios municipales estaban montando una propuesta "camuflada". Según los propios dichos de la administradora comunal a él, se iba a hacer una licitación por FR por un período corto y por un bajo número de partes, 20 por audiencia (los que multiplicados por las ocho audiencias que da el juez al mes para resolver las infracciones en la comuna da un total de 160 mensuales). La administradora Escudero, además, le habría dicho que había obtenido un precio muy conveniente por el arriendo mensual del equipo de FR, 1,7 millones de pesos, y al magistrado le resulta inverosímil que alguna empresa esté dispuesta a presentarse a la licitación por ese precio tan bajo, salvo que alguien le asegure que los ingresos le subirán después.

De hecho, "El Mercurio" averiguó en Satco y Tecnodata y en ambas empresas le dijeron que el arriendo del equipo en 1,7 millones está bajo el costo, y que el precio de mercado oscila entre los 3-5 millones de pesos mensuales. Y eso, sin contar los costos y servicios anexos (rollos, revelado, bencina, auto, hacer y notificar los denuncios, buscar propietarios de automóviles en el Registro de Conductores, etc.).

El magistrado puso en duda el objeto de "partir de a poco e ir subiendo con el tiempo el número de partes", sosteniendo que 20 partes por audiencia, a 34 mil 500 pesos cada uno, y suponiendo que se pagaran todos, no permitirían financiar el arriendo del FR. Y también, porque de acuerdo a la fórmula propuesta por Escudero, los ingresos de Lampa por las infracciones de velocidad iban a sumar 5,6 millones mensuales (y 46,8 millones anuales), mientras que en la comuna vecina de Til Til (cuyos partes tramita el juzgado de Colina) suponen entradas por 98 millones mensuales y sobre los mil millones anuales (antes de hacer todos los descuentos). Eso, según los cálculos que hizo Uriarte, con la información que le dio su colega, el juez Armando Valdivieso, de Colina.

"Con mi firma no se juega", le espetó el juez al Concejo, añadiendo: "Porque después de todo no soy un recién iniciado y no resulta aceptable la fórmula primero 20 denuncias y cuando se adjudica la propuesta se aumenta a 100... a 2000".

Más dificultaba la credibilidad el hecho de que la propia funcionaria le señalara a él (el día anterior a que hiciera la denuncia ante el Concejo) que la propuesta sería adjudicada a un tal señor Cordero o a Satco.

La abogada desmiente tajantemente, en la misma sesión del 18 de abril, que la propuesta estuviera adjudicada, pero admite al Concejo que le había señalado al juez "hemos coqueteado con todas las empresas, usé esa palabra". Escudero reconoce que dijo que iban a partir con una cosa muy pequeña con los FR, pero argumenta que es para que no colapse el juzgado y para que no se convierta el sistema en una forma ilícita de recaudación. Y acto seguido, añade: "Hemos conversado eso con tres empresas, Cordero, Satco, ya que fue la que estuvo antes, y la gente de la Corbat (Corporación de Beneficencia para el Accidentado), que iba a donar un FR".

La división del mercado

Y para complicar aún más las cosas, la administradora y el jefe de finanzas municipales, Roberto Apuleo, admiten ante el Concejo que Lampa, según consta en la grabación, sólo puede operar con Satco: "Porque le digo una cosa, este tema del FR son muy pocas empresas en Chile. Ellos tienen una asociación. Están todos conversados. A nosotros nos designaron a Satco. Nos designaron", remarca Escudero.

Y prosigue Apuleo: "Lo mismo que la empresa en Colina. También la designaron. Las otras empresas se presentan con costos más altos porque hay una empresa a la que le tocó Colina".

Allí interviene irritado el juez reiterando que los oferentes no son seis empresas, sino que 15 millones de chilenos y 600 millones en el extranjero que tienen derecho a presentar la mejor oferta en materia de FR al municipio. E insiste, debe llamarse a una licitación pública con todas las de la ley.

Obvio que las empresas rechazan de cuajo la tesis de tener repartidas las áreas, argumentando que basta con ver los diferentes precios que cobran. Hablamos con las dos aludidas: Satco y Tecnodata, cuyo gerente de finanzas es Fernando Cordero, el hijo del senador Cordero (ex General Director de Carabineros) y aludido por la abogada Escudero.

Alfredo Rehbein, gerente general de Satco, asegura que la firma para el norte sólo tiene la comuna de Til Til, que Colina no tiene FR y que Los Vilos se la habría adjudicado otra empresa, Contracom. Con Til Til tiene un contrato desde 1999, según el cual recibe un ingreso variable (tres millones un mes, cuatro, el otro) por el arriendo de un equipo que opera la municipalidad, corriendo con todos los gastos y servicios anexos.

Rehbein - que fue siete años asesor de Joaquín Lavín en Las Condes y estuvo a cargo de proyectos como el de alarmas en las casas, los buses ejecutivos o las cámaras en las calles- asegura que no ha conversado con la administradora municipal. "He estado cuatro-cinco veces en mi vida en Lampa y dos veces en el tribunal", explicando que un socio, que se retiró de la empresa, fue el que negoció el año pasado con el municipio.

Pero en el informe de la investigación sumaria que ordenó el alcalde DC para rastrear las denuncias del juez - y que no estableció ninguna responsabilidad- Rehbein admite que el contacto con Escudero respecto de una nueva licitación pública, "sólo estuvo referido a contestar a nuestros requerimientos en el tiempo de la fecha de la licitación pública".

Alfredo Giacoman, gerente general de Tecnodata - que les arrienda equipo de control de velocidad a dos municipios- admitió de inmediato que había tenido conversaciones con Escudero, pero restándole toda importancia. "Es normal que previo a la propuesta los municipios coticen entre las empresas cuánto pueden costar los distintos servicios y equipos, pero eso es para formarse una idea no para ponerse de acuerdo fuera de la licitación", puntualiza.

Dentro de esta hoguera de versiones encontradas cuesta separar la paja del trigo. La propia administradora comunal - en quien el alcalde delega todo el tema de los FR- asegura que ella nunco tuvo contactos con Satco este año, "solamente se recibieron antecedentes, ofertas", a pesar de que en la versión grabada del Concejo del 18 de abril reconoce al menos en dos oportunidades que lo hizo. Igualmente, asegura que "jamás habló de 20 partes" y en la misma cinta ella se hace cargo más de tres veces de esa cifra.

Pero según los detractores del juez Uriarte, lo que destruye su hipótesis - "que la propuesta pretendía adjudicarse en niveles mínimos de denuncios preestablecidos y después se aumentaría"- es que la nueva ley estableció que las licitaciones tienen que ser por suma fija y los pagos no pueden ir asociados al número de infracciones cursadas o pagadas. De manera que subirle los honorarios a la firma significaría un cambio en las bases que obligaría al municipio a llamar a una nueva propuesta pública.

No le parece así, en cambio, al concejal de RN en Lampa Carlos Lobos, quien ha ejercido su profesión de abogado siempre en municipios. El cree que aunque el contrato tenga que hacerse por suma fija, podría modificarse si se establece en las bases que a futuro podrá cambiarse el monto pagado bajo determinadas condiciones.

Además está el precedente de que Lampa introdujo modificaciones al contrato que tenía con Satco sin ajustarse a la nueva ley que reguló los FR en mayo de 2000. Según Escudero, la nueva normativa no dejó sin efecto el contrato que habían firmado con anterioridad con Satco (el 3 de febrero del 2000) y por dos años.

Pero el concejal Lobos agrega que ese mismo contrato contenía una cláusula que autorizaba al municipio a ponerle fin unilateralmente y sin el pago de ninguna indemnización. Pero en vez de hacer eso y llamar a una nueva licitación pública - obligación que estableció la nueva normativa para contratar los sistemas de control del tránsito- Lampa negoció extrajudicialmente el contrato con Satco, el 14 de septiembre, y estableció los honorarios de la empresa en función al número de infracciones pagadas a su vez al municipio (0,48 UF más IVA, por cada una). "Esa modalidad la ley 19.676 la prohíbe expresamente en su artículo 2, inciso 5", explica el concejal.

Nada de nada

El alcalde Carlos Escobar (DC) recibió a "El Mercurio" sentado en línea con los concejales concertacionistas que lo apoyan: los dos DC (Guillermo Plaza y Benito González) y el PPD Marcos Alvarez. Los mismos que señalan que jamás pensaron querellarse contra el juez y el concejal Ricardo Díaz, sino que lo que votaron 4-2 (con los únicos votos en contra de los concejales Díaz y Lobos) fue contratar un abogado externo para ponerlo a disposición de los funcionarios municipales, si éstos deciden querellarse, sintiendo que las denuncias formuladas los menoscaban.

Cerca de 30 funcionarios ingresaron a uno de los últimos Concejos Comunales a exigir este derecho y explotaron en insultos contra los concejales Lobos y Ricardo Díaz. Este, ex DC, fue electo como independiente en la lista del P. Humanista con la segunda mayor votación y es un conocido dirigente de Batuco, que forma parte de la comuna de Lampa.

Ambos pidieron, después de oír las denuncias del magistrado Uriarte, que se presentara una querella por cohecho contra quienes resulten responsables.... para restablecer el buen nombre de Lampa, porque la polémica ya estaba salpicando desde las pantallas de la TV.

Pero el Concejo se inclinó, por los mismos 4-2, sólo por la investigación interna, que no arrojó ningún resultado y que a los dos concejales en minoría les pareció poco seria, porque no entrevistó al denunciante el magistrado, ni careó las versiones encontradas.

El concejal Díaz declaró que la funcionaria del juzgado de policía local Patricia Pasten le testimonió dos veces, una vez en forma personal y la otra por teléfono, a fines de abril, que recibió el año pasado un sobre con 80 mil pesos de la empresa Satco, y sobres para los otros funcionarios del juzgado, que el juez subrogante - el padre de la administradora municipal- explicó como un bono que les estaba dando Satco en razón que se les venía "una montaña de trabajo" encima.

El juez Uriarte, a su vez, en la segunda carta al Concejo municipal señala que entre su propio personal recogió que esos dineros les fueron entregados para "agilizar los procesos" (la segunda tanda de 600 infracciones por exceso de velocidad que sacó Satco cuando volvió a operar en septiembre último y que le serían pagados en función al número de partes que lograra cobrar el tribunal). "No acepto coimas en el tribunal", escribió en su carta del 23 de abril a los concejales.

Pero la funcionaria judicial cambió su versión ante el secretario municipal, Eduardo Araneda, que concluyó la investigación sumaria el 8 de mayo. El concejal Díaz supone que ello se debió "a la presión que existe. Probablemente la asustaron con que perderá la pega y que el delito amerita la cárcel, cuando ella no podía saberlo si estaba recibiendo la orden de su jefe directo".

El alcalde - quien comenzó su tercer período como edil- rechaza tajante la versión del magistrado que él también estaba al tanto de esos pagos. Por el contrario, señala que nadie ha confesado haber recibido dineros ni haberlos dado y que será el ministro Lamberto Cisternas el que tendrá que determinar al final los hechos.

Entre ellos, también si operó o no un "tribunal paralelo", donde funcionarios municipales interceptaban los partes de los "amigos". El concejal Lobos fue testigo cuando a una señora que estaba con él se le acercaron a entregarle un parte por exceso de velocidad que había sido rescatado antes de pasar al tribunal.

Para terminar la historia, mientras el juez acusa que la nueva propuesta por los FR estaba prácticamente adjudicada antes que fuera licitada, el alcalde Escobar nos asegura, junto a la abogada Escudero, que Lampa no tiene factibilidad presupuestaria para llamar a licitación. Cuando "El Mercurio" le argumenta que hasta los municipios más pobres contratan los equipos o servicios de control de velocidad para procurarse mayores ingresos, retruca: "Pero para hacerlo, han tenido factibilidad presupuestaria, a lo mejor, dejando muchas cosas por hacer. Pero nosotros no estamos en condiciones. Aquí se reparte el agua en camiones aljibe y yo no puedo decir no repartamos agua, contratemos FR. Hoy día en Lampa las prioridades son otras, independiente del gran negocio de los FR".