Al comenzar el año 2005, nuevamente el gobierno nos ha sorprendido con la fijación de sus prioridades legislativas. Estas aparecen centradas en temas tributarios, políticos y de regulaciones y, por lo tanto, muy alejadas de lo que son las verdaderas prioridades y preocupaciones de la gente, especialmente las personas más modestas y que más afectadas se ven con problemas como el desempleo; la falta de seguridad, tanto en sus hogares como en la vía pública, consecuencia del creciente aumento de la delincuencia; la mantención de los problemas de acceso a las prestaciones de salud; la mala calidad de la educación básica y media y las dificultades para obtener financiamiento en la educación superior.

El gobierno parte el mes de enero centrando su preocupación legislativa, por ejemplo, en el proyecto sobre Rentas Municipales II y anticipa que otorgará también una preocupación especial a una nueva iniciativa relativa al “Royalty Minero” y a su propuesta sobre inscripción automática y voto voluntario.

Entretanto, seguirá permaneciendo inmóvil en la Cámara de Diputados, como ha venido ocurriendo, desde el mes de octubre del año 2003, un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, paradojalmente denominado “Proyecto de Ley que contempla un Conjunto de Iniciativas de Fomento del Empleo y la Productividad”. Evidentemente resulta paradojal e incomprensible que un proyecto de ley que en su encabezado dice orientarse a abordar temas tan urgentes como el fomento del empleo y la productividad, no tenga una tramitación de suma urgencia o discusión inmediata.

Este proyecto de ley aborda ciertos problemas que revisten carácter crónico en nuestra actividad económica – laboral, entre éstos la gravedad de la desocupación dentro del estamento de jóvenes menores de 25 años, que según los últimos datos del INE se eleva en forma alarmante por sobre el 23% y, también se orienta a corregir ciertas rigideces provocadas por el actual sistema de jornada laboral establecido en el Código del Trabajo. Así, podemos afirmar que este proyecto de ley se ubica dentro del contexto de temas de lo que se ha dado en llamar genéricamente “flexibilidad laboral”.

Con este solo ejemplo, podemos dejar en evidencia que este tercer gobierno de la Concertación, aún entrando a su último año de gestión, prefiere priorizar otro temas por sobre aquellos que verdaderamente resultan más apremiantes de solucionar para los chilenos, especialmente los sectores más pobres y los sectores medios, estos últimos particularmente golpeados, porque no cuentan con una red de apoyo social, cuando enfrentan dificultades de gravedad, como la cesantía.

Lo anterior ratifica la necesidad de insistir sobre la urgencia de impedir que se prorrogue el mandato de la Concertación con un cuarto período presidencial consecutivo. Para ello el país cuenta con una alternativa sólida y que representa una respuesta eficaz a los problemas de hoy.

Mientras el gobierno da inicio a un nuevo período legislativo, centrado en parámetros políticos, de aumento de tributos o de establecimientos de mayores regulaciones, más de 400 profesionales de las más diversas áreas del quehacer nacional agrupados en centros de estudios que han dado origen a grupos de trabajo denominados “Talleres Bicentenarios”, se reunirán este jueves y viernes, con los diputados y senadores de la Alianza por Chile. En la oportunidad trabajarán una agenda de temas reales, con propuestas concretas y creativas para dar solución efectiva a los temas de desempleo, inseguridad ciudadana , acceso a buenos niveles de educación y salud para todos , entre otros, base para lo que deberá ser el programa de gobierno del candidato de la Alianza; Joaquín Lavín, la alternativa de Chile para impedir un cuarto gobierno de la concertación.