Todavía no se calman los ánimos por la discusión del Royalty para la minería y un nuevo debate tributario se está comenzando a colocar en el tapete, pero esta vez en el sector de la construcción. Un grupo de 10 parlamentarios -encabezados por el diputado PS Carlos Montes- presentó un proyecto de ley que busca eliminar la posibilidad que tienen los desarrolladores inmobiliarios de recuperar el 65% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e imputarlo a otros tributos como el impuesto a la renta.

Si bien en el sector privado aún se encuentran analizando la propuesta, las primeras reacciones fueron que de prosperar la iniciativa las viviendas nuevas podrían subir en 10% su valor. Aunque sostuvieron que mantienen la esperanza de que este cambio no se lleve a cabo, porque depende del gobierno impulsar modificaciones tributarias.

Pero para sorpresa de los constructores, el diputado Pablo Lorenzini -uno de quienes firmó el proyecto- señala que no es necesaria la venia del gobierno, y que perfectamente puede ser un proyecto de iniciativa parlamentaria. Esto porque la modificación apunta a especificar qué se entiende por inmueble para “habitación”, que actualmente goza del beneficio tributario, y la idea es dejar la franquicia sólo para las viviendas sociales, es decir, aquellas menores a la 520 Unidades de Fomento (UF).

De acuerdo al proyecto la franquicia representa un enorme impacto financiero para el Fisco. El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha calculado su costo anual en US$ 169 millones en 2002, de US$ 182 millones en 2003 y las proyecciones para 2004 se inclinan por US$ 191 millones, constituyendo cerca de un 3% de la recaudación efectiva del IVA y un 0,25 % del Producto Interno Bruto (PIB).

De igual forma la cuantía de lo deducido de otros tributos como consecuencia de la aplicación del beneficio, desde 1987 hasta la fecha alcanza a US$ 2.600 millones.

Recuperación económica

El diputado Montes explica que la ley data de los ’70 y que surgió precisamente para estimular la baja edificación de vivienda de esos años. Escenario que hoy ha cambiado con la recuperación económica, la amplia oferta habitacional y el dinamismo que muestra el sector de la construcción. Por lo tanto, afirma que esta franquicia tributaria actualmente no se justifica, ya que ha terminado beneficiando a los edificadores de inmuebles de alto valor.

Añade que “la construcción se encuentra recogiendo los positivos efectos de las medidas dictadas en los últimos años a nivel sectorial y de la reactivación general de la actividad económica que se aprecia en el país y que se expresan en el mejoramiento de sus principales factores de crecimiento, como son: el incremento en el ingreso disponible de los compradores; su mayor confianza y disposición al gasto y las bajas tasas de interés, que llegan a mínimos históricos y que se han traducido en una fuerte expansión de los créditos hipotecarios”.

Los diputados esperan que el proyecto que ya se presentó en el Congreso pueda ser analizando entre marzo y abril por las comisiones de Vivienda, Hacienda y si es necesario Justicia, para que durante 2005 sea aprobado.