Hace pocas semanas comentábamos, a propósito del fracasado proyecto de royalty, sobre la elevada tasa de desempleo que existía en el país y hacía presente mi aprensión en cuanto a que con ese tipo de iniciativas se caminaba justamente en sentido contrario a lo que a mi juicio debe ser una preocupación prioritaria en la acción del gobierno, cual es impulsar políticas que favorezcan la creación de nuevos empleos.

Lamentablemente esta realidad no mejora. En efecto, para el trimestre móvil recién terminado en julio la tasa de desempleo nacional llegó al 9,7%, seis décimas superior a igual periodo del año pasado y una décima por sobre el trimestre anterior. Esta realidad es aún más negativa en regiones como la III, V y VIII y en el caso del sector juvenil, donde la tasa de desempleo más que duplica promedio nacional.

A esta negativa realidad el gobierno ha tratado de oponer una argumentación que puede tener validez. Esto sería que hoy existe un traslado a empleos de mayor formalidad en tanto que el año anterior el traslado a empleos se dio en áreas de informalidad. Sin embargo, no debemos contentarnos con esta explicación. La realidad es que el problema del desempleo ha sido una constante en los últimos años y no han existido políticas coherentes destinadas a enfrentar a largo plazo este flagelo. Cuando se habla de porcentajes éstos son sólo frías cifras, pero detrás de éstas se encuentra la realidad de más de medio millón de chilenos y sus familias que están golpeadas por el flagelo de la cesantía y su dura consecuencia de pobreza, desprotección y marginalidad.

Es preciso entonces abordar este grave problema analizando todos los aspectos que inciden en él.

Sin duda existe una estrecha relación entre el crecimiento económico y la creación de empleo. A mayor crecimiento económico es esperable una mayor creación de empleos, sin embargo en el último tiempo hemos apreciado que la economía nacional ha mostrado una caída en la generación de nuevos empleos por cada punto de crecimiento del producto. En efecto, estudios especializados nos indican que entre 1986 y 1990 por cada punto porcentual del producto el empleo crecía un 0,57%, cifra que cae a un 0,36% en la primera parte de los años 90 y a un 0,26% en los últimos años. Esta situación no deja de ser preocupante, particularmente cuando el reciente Indice de Actividad Mensual (IMACEC) registró un 4,5% de crecimiento, cuando todas las expectativas indicaban que éste debía ubicarse en un rango levemente superior al 5%. Es decir, el país crece a un ritmo menor a lo esperado y la creación de empleos baja en relación a cada punto de crecimiento del producto.

Lo anterior nos obliga entonces a analizar otras áreas relacionadas con este problema y una de éstas es sin duda, la excesiva rigidez que existe en nuestro mercado laboral. Mientras más estrictas son las regulaciones de la legislación laboral, más dificultad existe para la creación de nuevos empleos y especialmente para dar trabajo a personas sin experiencia o de menor calificación.

Muchas de las rigideces que existen en la actual legislación tratan de explicar una protección a los sectores más pobres. Sin embargo éstas, en la práctica, se vuelven en contra de los supuestamente protegidos.

Poner en la agenda de discusión el tema de la flexibilidad laboral, es un imperativo para este tiempo en que la lucha contra el desempleo es una tarea pendiente.