A partir de la década de los noventa, Chile experimentó el periodo de mayor transformación y adelanto en materia de infraestructura. Luego de analizar el déficit en esa materia y los costos por pérdida de competitividad que ellos generaban, el gobierno de la época tomó la decisión estratégica y consensuada de resolver el problema mediante la creación de una alianza público privada, permitió la inversión, a través del sistema de concesiones, de grandes capitales privados para obras de gran envergadura y complejidad, tanto desde el punto de vista de la ingeniería requerida como de su financiamiento; sistema que a la vez permitió desviar estos recursos a otros de mayor rentabilidad social.

De paso, de esa forma se dio salida a un gran problema: un déficit valorado en

US$ 11.000 millones en esta materia, que por lo demás representaba un serio obstáculo para un país que había apostado por abrirse al mundo, para lo cual requería de la infraestructura que estuviera a esa altura.

Para ello fue necesario hacer cambios legislativos tendientes a introducir las modificaciones que se requerían para emprender esta nueva iniciativa y se crearon las estructuras en el Ministerio de Obras Públicas para administrarla.

Tras más de una década de esta decisión país, los frutos son los siguientes: US$ 6.000 millones en inversión, el nacimiento del mercado de los bonos de infraestructura que desde 1998 a la fecha ha implicado la colocación de recursos por más de US$ 3.000 millones bajo esta modalidad, generación de empleo y una inyección de dinamismo y desarrollo de la industria proveedora de la construcción.

Cuatro puntos clave que sin duda sufrirán un fuerte impacto el próximo año cuando concluyan los trabajos de las autopistas urbanas y para muchos con ello también se cierre un ciclo.

Por eso, hoy parece urgente una nueva mirada estratégica por parte de las autoridad en materia de infraestructura y de replicar el modelo de concesiones a otras áreas, debido a que el cese de la construcción de autopistas dejará una gran brecha en materia de oferta de empleo, financiamiento, entre otras cosas.

Hasta ahora, la apuesta del gobierno es reconcesionar y crear una cartera de proyectos que pueden servir para disminuir el déficit de infraestructura del país. Pero sin duda, todo pasa por una nueva decisión estratégica, con una mirada a largo plazo, tal como se hizo a principios de los noventa.