El próximo inicio de operaciones de los sistemas electrónicos de peajes con flujo libre para las autopistas urbanas concesionadas, conocidos como TAG o Televías, ha generado confusión y polémica entre potenciales usuarios y algunas autoridades del Estado.

La mayor parte de los reclamantes dirige sus dardos hacia las empresas concesionarias, las que parecen abandonadas a su suerte frente a un sistema que desde su propia concepción dejó en evidencia una de sus falencias futuras: la cantidad de TAG sería inferior al parque vehicular y no se concretó un sistema común de pase para usuarios poco frecuentes.

Tienen razón los usuarios al temer por su desplazamiento cuando restan dos semanas para que Autopista Central aplique la autorización oficial de cobro por el uso de sus instalaciones. Probablemente, lo que desconocen es que el sistema fue concebido con la entrega de 900.000 TAG, de los cuales sólo 300.000 serían responsabilidad de esta concesionaria, a pesar que el parque vehicular en Santiago supera el millón de automóviles. Quizá tampoco sepan que el resto de las empresas ha respondido a la solicitud del gobierno de iniciar la entrega de sus respectivos TAG, asumiendo los costos administrativos, aunque algunas de sus obras se encuentran en etapas muy preliminares.

En resumen, estamos frente a un grupo de empresas concesionarias que hacen lo posible por llevar a la práctica un mecanismo de operación de autopistas urbanas sobre el cual existe muy poca experiencia en el mundo y, por cierto, ninguna a nivel latinoamericano. Todas saben que el éxito o fracaso de la primera obra que inicie sus funciones, será clave para la operación de un sistema integrado que implica inversiones por más de US$ 1.500 millones.

A cambio, estas empresas necesitan el compromiso de todos los actores involucrados en este proceso, incluyendo a los usuarios y, por cierto, a las autoridades de gobierno, que en ningún caso pueden asumir un mero rol fiscalizador. Los cabos sueltos que deja en evidencia el debut de las autopistas urbanas deben ser asumidos, precisamente, por los organismos que concibieron el sistema y se lo ofrecieron a la inversión privada.