La pequeña agricultura es parte relevante de nuestra agricultura nacional y elemento estructural de las cadenas agroalimentarias. Ella aporta cerca del 30% del valor total de la producción sectorial y genera entre el 40% y el 45% de los cultivos anuales, de las hortalizas, de las viñas y del ganado bovino, y alrededor del 30% de las plantaciones de frutales. Su apoyo y fomento para su incorporación a las oportunidades que emergen de los acuerdos comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos es, entonces, una tarea principal de la política pública silvoagropecuaria y demandará asumir el conjunto de exigencias que ello significa.

Aprovechar en plenitud tales oportunidades no será una tarea fácil para la agricultura en su conjunto, y tampoco para la agricultura familiar campesina. Ello, porque fomentar el desarrollo productivo de la pequeña empresa en general y de la pequeña empresa agropecuaria en particular es complejo en todo el mundo y más en realidades de profunda apertura como la que enfrentamos en Chile. Y porque muchas veces, además, cometemos el error de creer y sostener que el fomento de la pequeña empresa es más simple y más barato, cuando probablemente sea más complejo y más intensivo en capacidades y en conocimiento.

Existe el gran desafío de hacer las cosas correctas y hacerlas bien, con una visión de largo plazo. Así, debemos enfrentar y organizar nuestra acción sectorial teniendo como propósito lograr algunos objetivos estratégicos fundamentales, entre ellos:

a) incorporar decidida y masivamente a la agricultura familiar campesina a las nuevas oportunidades y negocios;
b) ampliar las oportunidades y beneficios de la estrategia exportadora, priorizando aquellos segmentos productivos y aquellos territorios que no las han tenido hasta hoy, y
c) mejorar la competitividad de nuestras actividades silvoagropecuarias a través de la reducción de costos, aumento de la productividad y mejoramiento de la calidad de los productos y procesos.

En este contexto, un verdadero test para la política agrícola en los años que vienen es si lograremos que la pequeña agricultura se consolide y proyecte definitivamente como una realidad económica relevante de nuestra agricultura nacional, reduciendo la brecha de oportunidades y de crecimiento existente entre ella y el resto de la agricultura chilena.

Una estrategia coherente con los contextos y desafíos que deberá enfrentar la pequeña agricultura debiera necesariamente apostar a ejercitar algunos nichos de mercados externos pues la pequeña agricultura tiene recursos, capacidades y rubros para ello. Al mismo tiempo, esta estrategia debería asumir que la pequeña agricultura mayoritariamente estará orientada a los mercados internos, y por lo tanto, la forma como funcionen éstos será determinante para su desarrollo competitivo. Un tercer aspecto relevante en esta perspectiva es seguir diseñando e implementando instrumentos diferenciados para los distintos segmentos de la agricultura familiar campesina, que den cuenta de sus distintos grados de desarrollo y en que las alternativas productivas no-agrícolas tienen un rol a desplegar.

Específicamente esta estrategia debiera incluir al menos los siguientes elementos:

a) incorporación masiva de las buenas prácticas agrícolas y ganaderas en sus procesos productivos;
b) ampliación de las fuentes de financiamiento para sustentar sus procesos de innovación e inversión;
c) modernización de la gestión y apoyo a los procesos de comercialización;
d) robustecimiento y modernización de sus organizaciones económicas y de representación;
e) incorporación preferente a los distintos instrumentos de administración de riesgos tales como el seguro, la securitización forestal, la bolsa de productos y un eventual seguro de ingresos;
f) mejoramiento en el acceso a la investigación, innovación y las nuevas tecnologías, entre ellas a la biotecnología y las tecnologías de la información,
g) acceso privilegiado a los incentivos de la Ley de Bosque Nativo y ampliación del Programa de Forestación Campesina;
h) fomento de los llamados “negocios verdes”, entre los cuales se encuentra el ecoturismo, los bonos de carbono, las patentes y licencias asociadas a la diversidad biológica y los servicios ambientales; e
i) ampliación e intensificación de las iniciativas de formación de sus recursos humanos, de tal forma de avanzar decididamente en su profesionalización.

Un aspecto muy sustancial en la tarea de aumentar la competitividad de la agricultura campesina es la modernización de la institucionalidad pública sectorial para hacerla más permeable a los intereses y demandas de ella. En este contexto es preciso profundizar y acelerar la modernización de Indap, fortaleciendo su rol de fomento productivo, y mejorar el acceso de la pequeña agricultura al conjunto de instituciones públicas que pueden participar en el apoyo de su desarrollo, fundamentalmente a ProChile, Sence, Corfo y BancoEstado.

Finalmente, es importante destacar que la agricultura familiar campesina tiene recursos productivos, capacidades y un conjunto interesante y valioso de experiencias que son la base para proyectarse hacia el Bicentenario. Ella constituye un importante aporte al desarrollo no sólo de nuestro sector rural, sino que también del conjunto del país. Su desarrollo en el contexto de los escenarios emergentes y de la agricultura que viene exige reconocer y confiar en su potencial y capacidades como lo hemos hecho desde 1990.