El Servicio de Impuestos Internos (SII) inició una segunda etapa en el proceso de fiscalización de viviendas DFL2. Desde el mes pasado y hasta fines de marzo inspectores de la entidad se encuentran visitando unas 9 mil viviendas que no declararon el año pasado sus ampliaciones.

El plan de fiscalización del SII a las viviendas DFL-2 se anunció en septiembre de 2003, oportunidad en la que se le solicitó a los contribuyentes poseedores de este tipo de inmuebles que presentaran una declaración jurada en la que debían precisar si éstas mantenían sus características originales o si habían sido modificadas por ampliaciones o cambios de destino.

El universo estimado de contribuyentes con viviendas DFL-2 que debían declarar ascendía a 22 mil y el plazo para hacerlo venció en octubre pasado. En esa ocasión se advirtió a los propietarios que no declararan dentro del tiempo establecido que sus viviendas serían fiscalizadas en terreno, sin perjuicio de las posibles multas que se pudieran aplicar por la no presentación de la declaración, así como por las modificaciones de las viviendas, en caso que éstas se hayan hecho sin permiso.

De acuerdo al SII sólo la mitad de los involucrados presentaron su declaración por lo que los fiscalizadores del Departamento de Avaluaciones están determinando si la no declaración de estos propietarios obedece a que construyeron más allá del límite permitido por la ley. En caso de que sea así, se los sancionará con la pérdida del beneficio tributario.

Esta es la pena más drástica e implica que el pago de contribuciones aumenta en un 100% porque el beneficio reduce a la mitad este pago. Además, se puede aplicar retroactivamente, es decir, determinar desde cuándo se efectuó esa ampliación y cobrar a partir de esa fecha en adelante las contribuciones correspondientes con sus respectivas multas.

El proceso

A los propietarios se les notifica que un fiscalizador del SII acudirá al domicilio para evaluar las características generales de la propiedad. Se efectúa una medición del metraje, se deja una constancia de que se realizó el trámite, el nombre del fiscalizador y con quién el propietario deberá entenderse en el futuro para regularizar su situación.

Aunque las 22 mil viviendas originales están repartidas a lo largo del país, esta segunda etapa se realiza sólo en Santiago, en las comunas de Las Condes, Peñalolén, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia y Huechuraba.