Señor Director:

En carta del 20 de enero, el arquitecto Felipe Cádiz critica el proyecto de ley - actualmente en revisión en el Tribunal Constitucional- que fija plazos para las declaratorias de utilidad pública en los planos reguladores municipales.

Efectivamente, el planificar el desarrollo urbano requiere de plazos y de tiempos. Por eso, la casi unanimidad del Senado y la Cámara de Diputados fijaron un plazo de 10 años para las avenidas expresas y de cinco años para la vialidad troncal, colectora y para los parques intercomunales y áreas verdes comunales. Prorrogables por otros cinco años para los tres primeros con acuerdo municipal. Para las áreas de extensión urbana los plazos son el doble que los vigentes para las zonas consolidadas de la ciudad.

El proyecto busca armonizar la necesidad de hacer ciudad con el legítimo resguardo a las propiedades privadas.

Para los municipios, hasta ahora, era gratis proyectar y dibujar a su entera discreción los futuros ensanches o nuevos ejes viales o áreas verdes, sin tener la responsabilidad económica de expropiar las propiedades y construir dichas obras.

La consecuencia era que las propiedades gravadas por estas declaratorias perdían todo valor, no se podía construir salvo en condiciones especiales, se iban deteriorando y sus dueños no podían disponer de ellas ni exigir al municipio el pago correspondiente a su expropiación.

El Gobierno y los legisladores, al fijar plazos para estas expropiaciones, están exigiendo que la planificación urbana se haga responsablemente y teniendo en cuenta sus efectos económicos.

Como ex alcalde de Santiago, aún recuerdo que hay muchas propiedades afectas por ensanches de calles, como Rosas, Santo Domingo, Teatinos, etcétera, que vienen desde 1932 con el primer plan regulador de don Karl Brunner, y, después de 70 años, aún no son expropiadas y permanecen "congeladas" desde entonces.

Las nuevas construcciones en esas calles han ido tomando las nuevas líneas, y como difícilmente el municipio puede expropiar estas valiosas propiedades y edificaciones, las calles van quedando como "dentadura" con espacios intermedios que se convierten en sitios peligrosos, basurales y verdaderos baños públicos.

El proyecto busca corregir esta situación y a la vez fija resguardos y horizontes de tiempo realistas para materializar las obras necesarias para el desarrollo urbano. Si éstas no se ejecutan en los plazos establecidos de 20, 10 o cinco años, respectivamente, estas propiedades quedan liberadas y vuelven al comercio humano.

JAIME RAVINET DE LA FUENTE
Ministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales