La Sala del Senado aprobó hoy por unanimidad –34 votos a favor y en primer trámite- el proyecto de ley que establece la postergación en seis meses del inicio de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana. Esta modificación, propuesta por el Ejecutivo sobre la base de diversos estudios, tiene como objetivo lograr una adecuada preparación de los organismos auxiliares para cuando la nueva justicia entre en vigencia en el Gran Santiago, en especial en lo relativo a nuevos recursos y mayor capacitación.

Tal aplazamiento acotado y su consiguiente ahorro de recursos, permitiría fortalecer a Carabineros, Investigaciones y el Servicio Médico Legal y, de este modo, contribuir a una mejor implementación y funcionamiento de la reforma en la zona más poblada de Chile. Junto con valorar la decisión del Senado el Ministro de Justicia, Luis Bates, recordó que en Santiago habita el 40% de la población del país y se concentra el 47% de las causas criminales y lo que se busca es que la reforma se implemente en las mejores condiciones.

La propuesta de aplazar la entrada en vigencia de la nueva justicia en Santiago –por seis meses- se materializó luego que diversos estudios técnicos de impacto a los organismos auxiliares de la justicia como las policías y el SML, aconsejaran la necesidad de fortalecerlos para hacer frente a las nuevas obligaciones y mantener los estándares exitosos con que hasta ahora ha funcionado la reforma en las ocho regiones donde está vigente.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional de Coordinación de la Reforma Procesal Penal, grupo de trabajo encargado de poner en funcionamiento la nueva justicia y que está compuesto por las máximas autoridades del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Colegio de Abogados.

El proyecto en cuestión, que permitirá redestinar cerca de 10 mil millones de pesos para incrementar dotación y capacitación del personal de los órganos auxiliares producto de la postergación, fue ingresado al Congreso Nacional el 27 de octubre pasado con carácter de suma urgencia, por lo que se espera un rápido despacho. Asimismo, cabe recordar que en este tema el gobierno llegó a un acuerdo político con la Unión Demócrata Independiente (UDI) para obtener el consenso parlamentario necesario, producto de este acuerdo se creó una Comisión de Expertos (10 en total) para analizar el desempeño de la reforma y proponer algunas medidas de perfeccionamiento.

La entrada en vigencia del sistema en Santiago implica un esfuerzo superior al doble de lo que se ha hecho para que la nueva justicia llegue exitosamente a las ocho regiones donde ya opera (regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, del Maule, la Araucanía, Aysén y Magallanes).

Actualmente la reforma procesal penal da cobertura a casi cuatro millones de habitantes, cifra que aumentará a nueve millones de personas cuando el sistema se extienda el próximo 16 de diciembre a las regiones Quinta, Sexta, Octava y Décima. Con ello la nueva justicia estará vigente para el 60% de la población total del país.