En un entorno de fuerte efervescencia por peajes y restricciones vehiculares, en el que la palabra demagogia se escucha con frecuencia creciente, no podemos dejar de reflexionar sobre una de las posibles causas de este ingrato ambiente nacional.
El origen de la República está en la Constitución y encontramos, en el primer artículo de su Capítulo inicial, que es deber del Estado asegurar algo tan obscuro e incomprendido como lo es "la igualdad de oportunidades". Los juristas y gobernantes parecieran entender esta oración como un adorno que le otorga sabor literario y ético al documento, soslayando que es un mandato primero y fundamental que obliga a cada Gobierno como Administrador del Estado.
La palabra "Oportunidad" es una que todos comprendemos intuitivamente, pero en el espacio del Derecho y su filosofía, la palabra tiene un único significado y ese es al que debe someterse el gobernante: "sazón, coyuntura, conveniencia de tiempo y lugar" (Real Academia de la Lengua).
El deporte, en especial el Atletismo, ilustra claramente el significado de "la igualdad de conveniencia de tiempo y lugar": todos en el mismo punto de partida y en el mismo instante, bajo una rigurosidad de mili-milímetros y milésimas de segundo. Sin la igualdad de oportunidades el deporte carecería absolutamente de sentido y a partir de la desigualdad se acuña el concepto de hacer trampa.
La igualdad de oportunidades, inequívocamente, hace referencia a tiempo y lugar concretos, no figurados. Sin embargo, pareciera haber una percepción errada del concepto, asimilándolo a "igualdad de resultados", esto es, una mayor preocupación por el que todos lleguen simultáneamente a la meta, en vez de asegurar una partida justa, para lo cual la Constitución debería ser modificada para reemplazar "oportunidades" por "resultados".
En su esencia, la "igualdad de oportunidades" busca fomentar el desarrollo, destacar al que sobresale, de manera de convertirlo en ejemplo y guía, lo que se contrapone con la idiosincrasia de muchos en Chile.
El actual Presidente de la República, a pesar de ser Abogado y mientras fue Ministro de Obras Públicas, dio curso a proyectos de concesiones de origen privado que distribuyeron en el país un sinnúmero de Plazas de Peaje, las que, amparándose en el Bien Común, no consideraron si quedaba garantizado al usuario corriente una oportunidad de desplazamiento y desarrollo equitativa con la de los demás. Una clara muestra de ello es la Carretera Los Libertadores, cuyo diseño adolece de tal número de errores que los afectados ven seriamente impedido su derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.
En la totalidad del país, se aplica el cobro de peaje en forma similar a la de una entrada a un espectáculo: con el pago se obtiene el derecho de gozar una carretera en toda su longitud contratada. El que paga el mismo monto para utilizar una porción pequeña de carretera, que aquel que la utiliza en su totalidad, queda en abierta desventaja. La etimología de oportunidad corresponde a ob portare, por llevar, indicando que la "igualdad de oportunidades" es análoga a la "igualdad de carga, obligaciones". El que paga por una menor longitud lo mismo que otro por una mayor, resulta más obligado.
Esta situación no es equitativa, la oportunidad no es la misma, no se apega al espíritu del Constituyente ni a lo que los demás ciudadanos esperamos de la República. Es la razón por la que la mayoría de los países cobran en forma proporcional al desplazamiento de sus ciudadanos y el porqué nos produce esta molestia tan profunda.
La búsqueda fácil del Bien Común no puede sobrepasar la Constitución, ni reducir las oportunidades de algunos sectores de la Nación. La Constitución dice lo que dice y mientras lo diga debe ser acatada por cualquier Gobierno. Estamos viviendo en medio de una dialéctica del "vamos a hacer - porque hemos sido" que permite jugar ping-pong eternamente entre el pasado y el futuro, evitando la urgencia de soluciones inteligentes para el presente, y fundamentando las decisiones con herramientas tan poco científicas como encuestas populares sin ningún control ni respaldo. El restringir nunca ha sido solución, sólo causa de rebelión.
Asimismo, la "igualdad de oportunidades" tiene carácter atemporal y no puede manejarse a antojo gubernamental en el tiempo. Es lo que se llama el "rayado de cancha". La restricción vehicular, amparada también en el Bien Común, actúa como un "Estado de Excepción" al suspender algunos derechos, dejando, por ejemplo, a los automovilistas que viven en los aledaños de Santiago sin ningún transporte a su lugar de trabajo u obligándolos a prolongar imprevista y desmedidamente su tiempo de movilización. Aquí, el derecho a la misma conveniencia de tiempo y lugar -oportunidad-, queda suspendido.
Son infinitos los argumentos que se pueden desplegar en torno a un punto constitucional de tan poca importancia aparente, aunque la situación es a la inversa: el deber del Estado y su Gobierno por asegurar esta igualdad, es prioritario a cualquier otro deber.
